A través de una Comisión Investigadora dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados, más de 38 personas y familias víctimas de irregularidades, abusos y negligencias dentro de la Policía de Investigaciones (PDI), indagaron las responsabilidades administrativas y políticas por sus casos dentro de la institución. Luego de un año de duros testimonios, este próximo martes se votarán en sala las conclusiones del informe.

Quizás, el caso que más conmoción generó al país en esta materia, y que se incluyó dentro de los relatos, es el de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco, quién con 25 años fue baleada en medio de un operativo por uno de sus propios compañeros.

Hoy, a dos años de la muerte de Valeria, su hermano, Miguel Vivanco, vocero de la agrupación de víctimas de la PDI, declaró que las conclusiones a las que llegó la Comisión demuestran que las denuncias realizadas de irregularidades y corrupción dentro de la institución policial tienen asidero.

“Nosotros estamos satisfechos porque el informe final, que se va a votar este martes 25 de julio, relata y plasma que las denuncias y todo lo que las familias detrás han estado denunciando son ciertas”, señaló Miguel.

De hecho, este informe fue despachado desde la comisión investigadora con votación unánime, lo que evidencia que de manera transversal las y los diputados integrantes aceptaron sus conclusiones. Esto es, que la PDI necesita una actualización en su normativa, en especial en su actuar ante casos de violencia sexual y laboral.

Para Vivanco, sin embargo, uno de los puntos más bajos durante el trabajo de esta instancia fue, lamentablemente, la actitud tomada por el alto mando de la PDI ante preguntas específicas y dolorosas para las familias, por ejemplo, ¿qué ocurrió en el caso de la subinspectora Valeria Vivanco? Donde el Director de la PDI, Sergio Muñoz, prefirió responder por escrito.

Es más, aún cuando el líder de la institución asistía a estas sesiones para responder por las diversas denuncias “prácticamente se defendía y no mostraba ninguna autocrítica”, señaló Vivanco.

Estos delitos precisó el vocero de la agrupación tienen relación con “violación a funcionarias, abandono, amedrentamientos, amenaza, persecusión, neglicencias y muertes en procedimientos policiales, obstrucción a la investigación, funcionarios que se han suicidado ‘supuestamente’ en los cuarteles y después sus propias familias acusan que los mataron. Son cuestiones un poco siniestras, pero frente a todo ese catálogo de casos, el director no dio respuestas”.

Javier Salvo/Aton Chile

“No estamos en contra de la institución, para nada, somos familia policial, pero esta familia policial mató a mi hermana, la traicionó, y no solamente con mi hermana, con un montón de otros funcionarios a lo largo de los años”, agregó Vivanco.

La única declaración que habría dado el director de la PDI, frente a estas prácticas inadecuadas, es que la institución se encuentra actualizando sus protocolos, pero para Vivanco “en la práctica esa normativa vigente de la institución, la jefatura policial la aplica de manera arbitraria, y ese es el problema“. Esto último, pues permite el abandono de las y los funcionarios que denuncian corrupción y delitos.

Regular el actuar de la PDI

En detalle, el informe que se someterá a votación por el pleno de la Cámara baja, propone actualizar la normativa que hoy rige a la institución para mejorar su funcionamiento y garantizar su transparencia. Además de recomendar al Gobierno el ingreso de proyectos para supervisar el trabajo de las policías, en tanto el Congreso deberá acelerar el trámite de legislaciones en esta materia.

Según Vivanco, es esto precisamente lo que espera la agrupación, “más allá de solucionar los casos particulares porque aquí hay una cuestión súper valiente y bonita de todas las familias, que no es hacer justicia por cada caso en particular, sino que también estamos buscando un fin colectivo que es salvar vidas de funcionarios que pueden morir más adelante por negligencias en procedimientos policiales”.

Por esa razón, el vocero de las víctimas recalcó que se encuentran “esperanzados en los diputados, esto es transversal de izquierda a derecha, ojalá tengamos ese apoyo y este informe se vote con la mayoría de la cámara baja, esto le sirve a Chile. La mejor consideración que pueden tener los diputados es que nosotros somos ex funcionarios y funcionarios (activos) de la policía”, concluyó Vivanco.

A estas declaraciones, se sumó la diputada de Comunes e impulsora del informe, Claudia Mix, quién señaló que “para las familias en general no está ese afán ni de venganza ni de hacerle daño a la PDI porque muchos de ellos aún tienen familiares dentro de la policía (..) Entonces le tienen cierto cariño a la institución, incluso una de las motivaciones de ellos es ‘queremos a la policía, no queremos que esto siga pasando'”.

Respecto a este informe final, la parlamentaria destacó que intentaron “fuera lo más consensuado posible porque obviamente lo que ocurre en estos casos cuando uno entra a cuestionar el accionar de las policías, en general en este país hay cierta resistencia de algunos sectores, sobre todo los más conservadores, que no entienden que no se trata de salir a acorralar a la policía, sino que hay malos elementos que por el bien de las policías precisamente hay que apartarlos de sus funciones”.

La parlamentaria indicó que, luego de la votación y en el caso de ser favorable, “hay un compromiso de todos los integrantes de la comisión de hacer llegar este informe directamente a la ministra del Interior e incluso hacer entrega de una copia al Presidente de la República porque son bien delicados los temas y es necesario que el Gobierno, el Estado en su conjunto conozca las denuncias y lo que sucedió para evitar que vuelva a repetirse“.

Para la diputada es importante que el Gobierno y el ministerio del Interior conozcan los antecedentes de cada caso en particular para que de cuenta “que hay nombres que se repiten, tanto en trafico de influencias o malas prácticas, y que ojalá tome medidas que permitan de una forma u otra reparar el daño de esas familias”.

Cabe destacar que de ser aprobado, el informe tendrá carácter de “oficial” y de esa forma podrá ser puesto a consideración del Ejecutivo.

Imagen de Portada: Agencia ATON