Ya son más de 71.000 personas arrestadas por el Gobierno encabezado por Nayib Bukele, que ha alargado el estado de excepción hasta 16 veces. Sin embargo, el poder Legislativo del país centroamericano, dominado por el oficialismo, ha decidido dar más herramientas a la Administración actual para facilitar el encarcelamiento de “miembros de pandillas”.

Las reformas aprobadas incluyen el aumento, de 45 a 60 años, de la condena en prisión para todos aquellos que sean encontrados responsables por liderar grupos delincuenciales en El Salvador, pero la medida que más llama la atención es la implementación de juicios grupales.

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, mencionó que la reforma permitirá a los jueces del país agrupar a más de 900 personas, acusadas de pertenecer a la misma organización delictiva, para que sean juzgadas por el sistema de Justicia salvadoreño en una misma audiencia.

La medida ha sido criticada por la oposición política local y por grupos defensores de los Derechos Humanos, que exhiben su preocupación por las decenas de capturas arbitrarias y las muertes de reos en custodia estatal, llegando a 174 en estos últimos 16 meses, según cifras presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“‘No detenemos a inocentes’ se convirtió en ‘Detenemos a inocentes, pero no los retenemos’, que a su vez se convirtió en ‘Los retenemos, pero los tribunales acabarán liberándolos‘,”, afirmó Manuel Meléndez, investigador en política salvadoreña y candidato doctoral en la Universidad de Harvard.

ONG denuncia falta de transparencia en materia de Derechos Humanos en El Salvador

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), órgano afiliado a la Universidad Centroamericana, alertó en un informe de la restricción al acceso a la información que el Gobierno salvadoreño impone, especialmente cuando organismos como la OUDH solicitan documentos referentes a la situación de Derechos Humanos en el país.

Según menciona Jorge Rodríguez, coordinador del observatorio, la Administración de Nayib Bukele utiliza el recurso de “reserva de información pública” para privar del acceso a datos a entes no gubernamentales que los requieren, sin embargo, también apunta que esta práctica es “más frecuente y constante” cuando se trata de temas relacionados a seguridad.

“En el análisis de la utilización de este recurso se concluye que hay un abuso de este recurso no justificado, un abuso arbitrario de esta facultad legal y no está siendo objeto de control por parte de ninguna instancia, como el Instituto de Acceso a la Información”, apuntó Rodríguez en la presentación del reporte.

La falta de acceso a la información gubernamental en El Salvador preocupa a la OUDH, ya que además de entorpecer las labores de investigación sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, el observatorio alega que también obstaculiza el trabajo periodístico y la libertad de información.

Sin embargo, Doris Rosales, periodista invitada en la presentación del informe, afirma que su gremio no puede dejar de insistir en el acceso a la información, aunque les sea negado. “Hay que seguir insistiendo en el acceso a la información. Aunque no nos la den. Es un registro que queda para la historia de los abusos que se cometen”, dice Rosales.

A un año de elecciones, una crisis de Derechos Humanos amenaza a El Salvador

El Gobierno actual del país centroamericano ha sido señalado en numerosas ocasiones por las constantes prórrogas al estado de excepción, justificadas por la lucha contra las pandillas. Una situación que, si bien convence a una gran parte de la población salvadoreña, preocupa a ciertos miembros de la comunidad internacional.

La CIDH ha documentado más de 6.400 casos de violaciones a los Derechos Humanos durante los 16 meses del estado de excepción en territorio salvadoreño, una cifra que podría aumentar de aquí al 4 de febrero de 2024, cuando está programado que se celebren los próximos comicios presidenciales.