Cuatro ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) se encuentran prófugos de la justicia tras ser condenados de manera definitiva por la Corte Suprema, por su participación en los secuestros de cinco integrantes de la directiva clandestina del Partido Comunista, PC, ocurridos en 1976, en el marco del Episodio Conferencia II.
Se trata de los ex militares Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme y José Miguel Meza Serrano, quienes fueron condenados a 12 años de prisión como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro y Héctor Véliz; y a la pena de 3 años como coautores de los secuestros simples cometidos en la persona de Fernando Ortiz, Horacio Cepeda y Lincoyán Berríos.
El cuarto prófugo es Víctor Manuel Álvarez Droguett, quien junto con ser condenado a las mismas penas señaladas por los delitos antes enunciados, además, fue sancionado a la pena de 15 años y 1 día por ser coautor de los homicidios calificados de Fernando Ortiz, Horacio Cepeda y Lincoyán Berríos.
Respecto de todos estos prófugos, el Ministro en Visita Guillermo de la Barra ya ha despachado las órdenes judiciales para su búsqueda y aprehensión, y su captura internacional.
En junio pasado, la Sala Penal del máximo tribunal dictó fallo histórico en este caso y condenó a 37 ex agentes y miembros de la brigada Lautaro, por el secuestro y homicidio de miembros de la segunda directiva clandestina del Partido Comunista, hecha desaparecer en el mentado 1976.
Para el abogado Francisco Ugás Tapia, del estudio jurídico Caucoto Abogados, quien representa a las familias de las víctimas señaladas, “es de una extrema gravedad que criminales de lesa humanidad estén eludiendo la acción de la Justicia, la que en un proceso previo y legalmente tramitado, determinó los hechos que les imputaron, las responsabilidades que les asisten y las sanciones penales que les corresponden cumplir, por los crímenes perpetrados. Ante esta situación, el Estado de Chile debe extremar sus esfuerzos para que estos sujetos sean aprehendidos y puestos a disposición de la Judicatura, porque este Estado tiene la obligación de asegurar el oportuno, debido y total cumplimiento de las penas que se han impuesto a estos sujetos”, enfatizó.
