Regular los traspasos de recursos públicos a raíz del Caso Convenios es el norte al que apunta el Ejecutivo por estos días y, pese a que faltan semanas para comenzar de lleno en su debate, ese propósito se prevée influenciará particularmente la tramitación del proyecto de ley de Presupuesto 2024 en el Congreso Nacional.
En medio de cuestionamientos y acusaciones de haber flexibilizado el traspaso de recursos públicos mediante el presupuesto del 2023, la directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya delinean algunas de las regulaciones que se generarían para garantizar un mayor control del erario fiscal. De hecho, ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados las autoridades ya han anticipado a los integrantes de dicha instancia algunos de los contenidos de la propuesta.
Por esa razón, Diario y Radio Universidad de Chile conversó con tres miembros de la comisión para discutir sobre las modificaciones que deberían ser incluídas en la propuesta y el escenario que le depara al proyecto una vez ingrese a la Cámara Baja.
La diputada de Convergencia Social y presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans, sostuvo que -comprendiendo el contexto político- el acuerdo presupuestario “es una oportunidad” para avanzar en el manejo del gasto público teniendo requisitos y criterios realmente exigentes.
En esa línea, la diputada detalló que el Ejecutivo les ha planteado en la corporación que en esta nueva normativa se espera “reforzar los requerimientos de los procesos tanto para transferencias corrientes y de capital, y también avanzar en algo que se había hecho con anterioridad, que tiene que ver con las glosas, poder ir revisando las que son redundantes, ir eliminando algunos gastos públicos que no se requieran”.
De esta forma, entre una de las medidas que implementaría el Ejecutivo se encuentra aumentar el control en las asignaciones de dinero, de forma que todas las tranferencias de dinero fiscal, independiente de si significan gastos corrientes o de capital, sean vía concurso público.
La parlamentaria recalcó además que el aumento de los requisitos para las transferencias ya se había fortalecido con el proyecto de ley aún vigente (2023) en comparación a la del gobierno de Sebastián Piñera y, “por lo mismo, están en el mismo sentido las orientaciones que debieran seguirse para la siguiente”.
Por su parte, la diputada de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Hacienda, Sofía Cid, apuntó que tras el Caso Convenios “lamentablemente nos damos cuenta que no se puede dejar en libertad de acción, que no podemos confiar en las personas y que hay que colocar regulación”.
En cuanto al énfasis en el presupuesto 2024, la parlamentaria apuntó al rol de los gobernadores regionales. ”Yo soy de la Región de Atacama, lo único que quiero es más regionalismo, que nos dejen tomar decisiones, pero vimos que eso lamentablemente no fue bien utilizado. Creo que hoy día no puede haber ningún tipo de recurso que pueda asignar directamente el gobernador sin pasar por el Consejo Regional y, además de eso, que tome razón la Contraloría”, afirmó la diputada RN.
“Hay que volver a que todo pase por el Consejo Regional, lamentablemente los consejeros quedaron al margen de muchos traspasos y eso es importante porque son cargos electos popularmente como el gobernador y son de los distintos sectores políticos. Entonces, ellos también pueden hacer mucho control de esos traspasos de dinero”, añadió la parlamentaria.
Sin embargo, la diputada Cid advirtió que se debe ser riguroso en la aplicación de este control porque se corre el peligro de que se avance al mismo tiempo en la burocracia, lo que afectaría en la entrega de fondos a las personas de más escasos recursos.
En tanto, el diputado independiente y también miembro de la comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, señaló que “entre los profundos cambios, todas estas transferencias efectivamente tienen que ser vía concurso público, tienen que mejorarse los estándares de control que al día de hoy no estaban funcionando y no estaban alertando a tiempo para las mejores fiscalizaciones”.
Eso sí, el parlamentario declaró que “más allá de lo que uno pueda o no exigir en materia de mejores controles, en materia de corregir la flexibilidad que existe al día de hoy” debe existir un compromiso, de parte del gobierno, en lo técnico y en lo político porque si no “políticamente no va a permitir que exista un debate sobre la ley de presupuesto“.
Esto último porque Bianchi señaló “hoy día tenemos a un ministro que vuelve a querer demostrar que aquí no ha pasado absolutamente nada y que poco menos tenemos que tratar la ley de Presupuesto tal cual la hemos tratado como siempre, salvo estas excepciones, y eso no es así”.
Para el diputado, quién también es crítico de la gestión de las gobernaciones regionales, es necesario sentarse a conversar y conocer los cambios que permitan que no exista ninguna ventana que dé la oportunidad a irregularidades. “Aquí tiene que haber una acción por parte de la justicia, otra acción por parte de la Contraloría, pero una gran acción por parte del Gobierno a través del Ministerio de Hacienda para dar garantías que no van a haber espacios para que -aún cuando existan autonomías en la estructura de los gobiernos regionales- se puedan cometer delitos“, agregó el legislador.
“Entonces, claro que es una discusión compleja, es una discusión técnicamente muy compleja pero políticamente aun más compleja la que vamos a tener en los próximos días y en las próximas semanas”, concluyó el diputado.
Cabe destacar que la legislación presupuestaria que regirá para el próximo año debe ser ingresada por el Gobierno a la Cámara de Diputadas y Diputados a más tardar este 30 de septiembre.
