En el marco de los estragos que el sistema frontal dejó en distintas partes del país el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a las parcelaciones de terrenos y al socavón de Viña del Mar. Además, abordó el estado de la investigación respecto al Caso Convenios.

El secretario de Estado expuso que se estiman 350 mil parcelaciones dentro del territorio nacional, lo que significa que “tenemos lotes en distintas partes del país que tienen impacto ambiental, sin duda”.

“Tiene también impacto alimentario, esto va a afectar después para producir alimentos si llega un momento en que alguno de ellos esté escaso. Tiene un impacto en los municipios, porque la ciudadanía les exigirá que los proveen de servicios de distinta naturaleza y las municipalidades no están en condiciones de hacerlo”, detalló el secretario de Estado.

En esa misma línea, el titular de Vivienda acusó que en algunas regiones del país las parcelaciones de alrededor de 5 mil metros se van loteando. “Esto es totalmente ilegal, las parcelas tienen una mala base legal, pero la tienen. En algunos casos es bueno para las personas pero malo para el país. En el caso de los loteos de parcelas eso es totalmente ilegal y está provocando problemas serios”, declaró.

Montes señaló que durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos también se evidenció esta problemática, pero el Congreso Nacional se vio perjudicado por la “presión de los grupos de interés”, por lo que “el Parlamento no ha logrado hacer lo que tiene que hacer que es pensar en el país y en su futuro”.

En ese sentido, sostuvo que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, ha planteado distintos ejemplos de “cómo la ausencia de una visión planificadora que anticipe situaciones nos ha provocado lo problemas de ahora”. “En algunos lados los ríos se salieron hasta uno y dos kilómetros de frente, porque el agua no tenía cómo seguir hacia adelante y esto llenó las casas de agua. Esta es la envergadura del problema”, argumentó.

El ministro de Vivienda y Urbanismo comentó además que las fuertes lluvias que han afectado este año al país hay que verlas como una señal, “de que tenemos que pensar en el cambio climático como algo fundamental de la política, como algo fundamental en lo que se tiene que ocupar el Gobierno, el Parlamento y todos los sectores”.

Respecto al gran deslizamiento que cortó avenida Borgoño, la ruta que une Concón y Viña del Mar, Montes indicó que “hubo un plan regulador que está hecho con normas y condiciones que permitió que eso ocurriera y un director de obras que fue sancionado por esta y otra situación”.

“Lo lógico sería que los privados, las inmobiliarias en este caso y no solo el Estado, se plantearan los riesgos de construir al borde del lugar en que lo hicieron”, mencionó.

El secretario de Estado comentó que el Plan Regulador de Ordenamiento Territorial que se legisló recientemente busca comenzar a planificar región por región. “Y lo que estamos discutiendo sobre las parcelaciones es parte de esto, lo que estamos buscando es ayudar a ordenar el  crecimiento de las ciudades, la protección del campo, del medioambiente y de los municipios para que no tengan presiones indebidas”, aseveró.

“Esto tiene que ver con la buena política, la política que está haciéndose cargo de temas nacionales, y ser de derecha o izquierda no es lo más importante. En el caso de Concón no hay un tema de ser derecha o de izquierda, es un tema de conciencia, de país, de asumir que estamos frente desafíos nuevos como el cambio climático y tenemos que ser muy serios para anticiparnos”, agregó.

Caso Convenios

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aclaró que el ministerio no puede querellarse contra nadie directamente. Por lo mismo, lo hace a través del Consejo de Defensa del Estado y en el caso de la fundación de Antofagasta, Democracia Viva, el ministro de Justicia, Luis Cordero, presentó los antecedentes frente al Consejo y fue este el órgano que decidió tomar acciones judiciales contra la organización liderada por Daniel Andrade.

“Eso nos parece muy bien, porque quiere decir que vamos a recuperar los recursos y además la fe pública, porque mucha gente cree que el Estado está lleno de situaciones de esta naturaleza y no hay ninguna acción que lo impida”, dijo.

Montes valoró la determinación del Consejo de Defensa del Estado y defendió al organismo de las acusaciones que señalan una tardía respuesta frente a este caso. Asimismo, informó que distintas organizaciones -ajenas a Democracia Viva- denunciadas por mal uso de recursos públicos, “por razones diferentes a lo de Antofagasta”, han iniciado la restitución de los fondos.