“La causa judicial avanzó con singular lentitud“, dijo el Presidente Alberto Fernández en la red social X (antes Twitter) sobre el aniversario del atentado, que describió como “un hecho de enorme trascendencia que generó una gran conmoción social y alteró la convivencia democrática”.

El 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel, armado con una pistola, se mezcló entre un grupo de simpatizantes frente al domicilio de Kirchner, se acercó a ella y gatilló el arma varias veces sin lograr detonar disparos.

En aquellos días, un tribunal juzgaba a la expresidenta (2007-2015) por un caso de corrupción, por el que luego fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política, sentencia que apeló y que atribuyó a una persecución en su contra.

Sabag Montiel, de 35 años, y su novia Brenda Uliarte (23) están acusados como coautores de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”.

Nicolás Carrizo, de 27 años, y quien empleaba a la pareja como vendedores ambulantes, está imputado como “partícipe necesario”. El tribunal oral que debe juzgarlos espera la designación de sus tres magistrados titulares para fijar fecha de juicio.

En febrero, un tribunal federal de apelaciones rechazó el pedido de recusación de Kirmchner a la jueza de instrucción del caso, María Eugenia Capuchetti.

El presidente argentino consideró en su mensaje que la investigación dejó de lado “pruebas determinantes para la investigación y dilatando toda indagación que permitiera conocer quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del hecho“.

Esta semana, el abogado de Uliarte, Carlos Telleldín, anticipó que su clienta declarará en juicio que las personas que se acercaban a hostigar a Kirchner en la puerta de su vivienda recibían dinero de funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del alcalde opositor derechista Horacio Rodríguez Larreta.

La vicepresidenta ha solicitado a la justicia, sin éxito, que el líder del grupo político marginal Revolución Federal, investigado por sus lazos con los detenidos y con personas cercanas al expresidente Mauricio Macri, pero en otra causa paralela, sean incorporados a la investigación original.