A solo días de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el Gobierno se hizo cargo de una antigua demanda de las organizaciones de derechos humanos al proponer levantar, al menos de manera parcial, el secreto de la Comisión Valech.

Dicha instancia, conformada por el Estado en 2003, reconoció a un total de 30 mil personas como víctimas de prisión política y tortura, esto, tras de un período de recepción de antecedentes y entrevistas con los afectados. Luego, en diciembre de 2004 se dictó la ley 19.992, que estableció la reparación para las víctimas calificadas y al mismo tiempo le dio carácter secreto a los archivos recabados.

Ahora, cuando han pasado casi 20 años, el Gobierno de Gabriel Boric anunció que enviará un proyecto de ley al Senado para desclasificar los antecedentes, cuestión que el abogado y exintegrante de la Comisión Valech, Lucas Sierra, ve con buenos ojos.

Pese a que estuvo en contra de los intentos anteriores de levantar este secreto, hoy el también académico de la Universidad de Chile, se encuentra considerando la posibilidad. A su juicio, es importante que el Estado haga los máximos esfuerzos por encontrar a los detenidos desaparecidos y que, al mismo tiempo, se considere la voluntad de las víctimas que prestaron testimonio.

¿En qué circunstancias se estableció este secreto?

Esto no es una invención de Chile, hay práctica y experiencia internacional en la cual, para este tipo de informes, se establece una reserva por cierto período de años, como una manera de proteger la intimidad y la dignidad de las víctimas. Eso pasó en la Comisión Valech, muchas veces esas personas no habían contado lo que habían sufrido, ni siquiera a sus seres más cercanos, a sus parejas o a sus hijos y menos querían que se supiera públicamente y es una manera también de incentivar a esas víctimas a brindar su testimonio, mediante esta promesa de que se van a mantener en reserva durante un cierto lapso de tiempo.

La experiencia internacional normalmente recomienda entre 20 y 30 años para este secreto y ese fue el plazo que nosotros en la Comisión Valech propusimos al Gobierno de entonces, del Presidente Lagos. ¿Y por qué 20 o 30? Porque aproximadamente es lo que se calcula que es una generación, o sea para permitir un recambio generacional completo. Hay que tener presente que una parte muy importante de las víctimas que fueron calificadas estaban vivas y muchas están vivas hasta el día de hoy y eso también es una razón adicional para utilizar esta fórmula de reserva. En el caso de la Comisión Rettig, que fue la comisión anterior, se trabajó con casos de personas ejecutadas o desaparecidas.

Como decía, nosotros propusimos esto dentro del conjunto de propuestas que la comisión le hizo al Gobierno, y este a su vez después mandó al Congreso su propuesta para la dictación de las leyes Valech I y Valech II. Después, se dictaron estas leyes y ahí el Presidente Lagos aumentó el plazo del secreto a 50 años y el Congreso aprobó eso, pero hay que tener en cuenta que la comisión propuso 30.

Ahora, para cerrar esta pregunta, el secreto no es absoluto, en el sentido de que las propias víctimas calificadas por la Comisión Valech pueden hacer públicos sus antecedentes.

Eso es lo que ha pasado durante los últimos años.

Claro. La gente es dueña de su propia historia, este es un derecho establecido en favor de las víctimas y si las víctimas ya estaban muertas, sus descendientes más inmediatos pueden también hacerlos públicos, a las autoridades judiciales y también al público. La prohibición era de que terceros pudiesen acceder a esos antecedentes.

Usted mencionaba que la misma Comisión Valech sugirió 30 años de secreto ¿eso también corría para los tribunales?

No, la comisión no dijo nada al respecto, solo sugirió mantener una reserva por un tiempo determinado. En la Ley Valech I aparece la frase: “Cualquier magistratura o autoridad”. Ahí se amplió a los tribunales, caso que no se repite en la Comisión Valech II, que fue una especie de extensión de esta comisión, ya durante el primer gobierno del Presidente Piñera, que se hizo cargo de una especie de remanente de personas que por alguna razón no habían sido calificadas por la Comisión Valech I.

La ley Valech II quedó distinta, el fraseo de la ley quedó distinto y por eso ha permitido que en las investigaciones judiciales se pueda acceder a los antecedentes de la Comisión Valech II. Hoy día, el punto de la discusión es abrir los antecedentes de la Valech I a las investigaciones judiciales.

Justamente, lo que se está proponiendo desde el actual Gobierno es que los tribunales y el equipo del Plan de Búsqueda puedan acceder a los antecedentes, previa autorización de las víctimas. ¿Cómo ve usted esa propuesta?

Es importante saber el detalle, porque en el detalle se juega la razonabilidad o viabilidad de la propuesta. Yo en general, en los intentos anteriores para levantar este secreto, había sido de la idea contraria. Sin embargo, en este caso, lo interesante y novedoso es que se inserta dentro de este Plan Nacional de Búsqueda. Eso creo yo que agrega una razón para considerar la posibilidad de levantar el secreto, siempre y cuando se diseñe un mecanismo en el que la última palabra respecto de permitir el acceso o no, esté en las víctimas o en sus descendientes más directos.

Se tiene que dar esta combinación, en el marco de una Plan Nacional de Búsqueda, que intente averiguar el destino de este conjunto que es alrededor de mil personas, que es increíble que todo este tiempo aún no sepamos lo que les pasó. Es como la gran deuda pendiente en materia de derechos humanos violados durante la dictadura, por ahí la importancia esencial de este Plan de Búsqueda, existe la sensación de que si se puede saber algo más, es ahora o nunca.

Como comisionado, usted tuvo acceso a este archivo que ahora se pretende desclasificar, ¿cree que ahí hay información que puede ayudar al Plan de Búsqueda?

Yo no puedo hablar respecto de lo que vi, tengo una obligación por ley específica, pero lo que puedo decir es que si existe la mínima posibilidad de tener más información de lo que le pasó a una sola persona que sufrió desaparición forzada, yo creo que ya vale la pena. Sobre todo considerando que las víctimas Valech van a seguir teniendo la última palabra respecto de liberar o no sus antecedentes, porque aquí hay dos labores que conjugar: la promesa que se les hizo de mantener en reserva sus antecedentes y por otro, la necesidad al menos de verdad o de conocimiento que el Estado y la sociedad chilena le debe a los deudos de esas personas que sufrieron desaparición forzada.

¿Y cómo se pueden combinar esos dos valores, sin desmerecer uno en favor del otro? Es mediante un mecanismo razonable, que permita a las víctimas Valech oponerse y si se oponen no se abre.

Como usted mismo decía, han habido varios intentos a lo largo de los años por levantar el secreto, ¿cree que vaya a resultar ahora? Cuando el Gobierno presentó su propuesta, la derecha hizo varias críticas.

Yo espero que se haga bien, por eso, de nuevo, sería muy importante conocer para poder opinar fundadamente, conocer los detalles del proyecto de ley, porque aquí la cuestión se juega en los detalles, cómo se hace y si existe este mecanismo doble, en el sentido de insertarse en el Plan Nacional de Búsqueda y al mismo tiempo, dejar la última palabra de ese acceso en las víctimas o en sus descendientes. Si eso se hace bien, yo no vería razones por las cuales oponerse y de que una ley así no obtenga la mayoría legislativa que necesita.