La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados cuestionó la solicitud del Ejecutivo que busca una revisión a la conducta del juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, quien ordenó entregar el listado de testigos protegidos en la investigación del denominado clan “Los Gallegos”, uno de los brazos operativos del Tren de Aragua en Chile.
La jueza Mariela Hernández, presidenta de la asociación, aseguró que el gremio cree que “que la decisión del gobierno de remitir a la Corte Suprema los antecedentes que disponen sobre la decisión del juez de garantía Héctor Barraza, que en opinión del gobierno constituyen hechos graves que pueden comprometer su conducta ministerial, es una intromisión a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país”.
Hernández subrayó que las resoluciones judiciales pueden ser recurridas ante tribunales superiores, y es eso lo que ocurrió en este caso, por lo que la presentación del gobierno no se justifica.
“Como se evidencia en este caso, como en otros, las partes han hecho uso de las herramientas que confiere la ley, por lo que estimamos que el ejercicio de la facultad establecida en la Constitución en este caso afecta notoriamente la independencia judicial”, concluyó la presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados.
Este viernes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó que el juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, habría incumplido sus deberes funcionarios tras autorizar la entrega de nombres de testigos protegidos a la Defensoría Penal Pública, en un caso en que representan a imputados acusados de ser miembros del clan Los Gallegos, célula del Tren de Aragua que opera en el norte del país.
Si bien la determinación de Barraza fue echada por tierra por la Corte de Apelaciones de Arica, que dictó una orden de no innovar en relación al recurso de protección presentado por la Fiscalía Regional, el Presidente Gabriel Boric ordenó al titular de Justicia entregar los antecedentes a la Corte Suprema, la que podría sancionar al magistrado.
En paralelo, el Juzgado de Garantía de Arica ordenó a los defensores penales públicos Rodrigo Torres Díaz, Ginger Riffo Gaete, Violeta Álvarez Ramírez y Renato Moscoso Lucero devolver “de forma inmediata” los antecedentes entregados por el jefe de Servicios de este tribunal el miércoles, instrucción que ya fue cumplida por la Defensoría.
Fuente y foto: ATON Chile.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados cuestionó la solicitud del Ejecutivo que busca una revisión a la conducta del juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, quien ordenó entregar el listado de testigos protegidos en la investigación del denominado clan “Los Gallegos”, uno de los brazos operativos del Tren de Aragua en Chile.
La jueza Mariela Hernández, presidenta de la asociación, aseguró que el gremio cree que “que la decisión del gobierno de remitir a la Corte Suprema los antecedentes que disponen sobre la decisión del juez de garantía Héctor Barraza, que en opinión del gobierno constituyen hechos graves que pueden comprometer su conducta ministerial, es una intromisión a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país”.
Hernández subrayó que las resoluciones judiciales pueden ser recurridas ante tribunales superiores, y es eso lo que ocurrió en este caso, por lo que la presentación del gobierno no se justifica.
“Como se evidencia en este caso, como en otros, las partes han hecho uso de las herramientas que confiere la ley, por lo que estimamos que el ejercicio de la facultad establecida en la Constitución en este caso afecta notoriamente la independencia judicial”, concluyó la presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados.
Este viernes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó que el juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, habría incumplido sus deberes funcionarios tras autorizar la entrega de nombres de testigos protegidos a la Defensoría Penal Pública, en un caso en que representan a imputados acusados de ser miembros del clan Los Gallegos, célula del Tren de Aragua que opera en el norte del país.
Si bien la determinación de Barraza fue echada por tierra por la Corte de Apelaciones de Arica, que dictó una orden de no innovar en relación al recurso de protección presentado por la Fiscalía Regional, el Presidente Gabriel Boric ordenó al titular de Justicia entregar los antecedentes a la Corte Suprema, la que podría sancionar al magistrado.
En paralelo, el Juzgado de Garantía de Arica ordenó a los defensores penales públicos Rodrigo Torres Díaz, Ginger Riffo Gaete, Violeta Álvarez Ramírez y Renato Moscoso Lucero devolver “de forma inmediata” los antecedentes entregados por el jefe de Servicios de este tribunal el miércoles, instrucción que ya fue cumplida por la Defensoría.
Fuente y foto: ATON Chile.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados cuestionó la solicitud del Ejecutivo que busca una revisión a la conducta del juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, quien ordenó entregar el listado de testigos protegidos en la investigación del denominado clan “Los Gallegos”, uno de los brazos operativos del Tren de Aragua en Chile.
La jueza Mariela Hernández, presidenta de la asociación, aseguró que el gremio cree que “que la decisión del gobierno de remitir a la Corte Suprema los antecedentes que disponen sobre la decisión del juez de garantía Héctor Barraza, que en opinión del gobierno constituyen hechos graves que pueden comprometer su conducta ministerial, es una intromisión a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país”.
Hernández subrayó que las resoluciones judiciales pueden ser recurridas ante tribunales superiores, y es eso lo que ocurrió en este caso, por lo que la presentación del gobierno no se justifica.
“Como se evidencia en este caso, como en otros, las partes han hecho uso de las herramientas que confiere la ley, por lo que estimamos que el ejercicio de la facultad establecida en la Constitución en este caso afecta notoriamente la independencia judicial”, concluyó la presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados.
Este viernes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó que el juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, habría incumplido sus deberes funcionarios tras autorizar la entrega de nombres de testigos protegidos a la Defensoría Penal Pública, en un caso en que representan a imputados acusados de ser miembros del clan Los Gallegos, célula del Tren de Aragua que opera en el norte del país.
Si bien la determinación de Barraza fue echada por tierra por la Corte de Apelaciones de Arica, que dictó una orden de no innovar en relación al recurso de protección presentado por la Fiscalía Regional, el Presidente Gabriel Boric ordenó al titular de Justicia entregar los antecedentes a la Corte Suprema, la que podría sancionar al magistrado.
En paralelo, el Juzgado de Garantía de Arica ordenó a los defensores penales públicos Rodrigo Torres Díaz, Ginger Riffo Gaete, Violeta Álvarez Ramírez y Renato Moscoso Lucero devolver “de forma inmediata” los antecedentes entregados por el jefe de Servicios de este tribunal el miércoles, instrucción que ya fue cumplida por la Defensoría.
Fuente y foto: ATON Chile.
