El Congreso Nacional comienza a sopesar las repercusiones a nivel legislativo del caso Hermosilla. La filtración de audios, donde se revela el pago de cuantiosas sumas de dinero a funcionarios públicos, complica el avance del pacto fiscal que hoy se encuentra reimpulsando el Ejecutivo en el Parlamento.
La iniciativa propuesta por el Ejecutivo amplía las facultades del Servicio de Impuestos Internos (SII) -una de las instituciones que hoy es cuestionada en su probidad y transparencia-, fortalece las atribuciones de fiscalización tributaria y el control de la evasión y la elusión.
Por lo mismo, parlamentarios de oposición ponen en tela de juicio que el SII presente hoy las garantías para hacer un buen uso de estas capacidades, apelan a la existencia de funcionarios corruptos en esta institución mientras se respaldan en los audios recientemente filtrados.
El diputado de la UDI y miembro de la comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez, cuestionó estas medidas y señaló “cómo le vamos a dar a los funcionarios del SII que han sido coimeados y que son corruptos, más facultades y más poder de fiscalización”.
“Lo único que vamos a lograr es que esos funcionarios corruptos estén en una mejor posición negociadora, lo que hay que hacer -antes de darle más atribuciones al servicio- es encontrar a estos funcionarios corruptos, sacarlos, juzgarlos, meterlos presos y fortalecer la institucionalidad. Para que cuando le demos más atribuciones y más poder, estemos seguros de que ese poder está en buenas manos”, declaró.
La también integrante de la comisión de Hacienda, la diputada de Renovación Nacional, Sofia Cid, secundó esta percepción e indicó que los audios evidencian “que la corrupción avanza a pasos acelerados sobre las instituciones públicas”.
“¿Y por qué esto es relevante? Porque el alza de impuestos que propone el Gobierno del Presidente Boric considera además una serie de poderosas facultades para el Servicio de Impuestos Internos que a la vista de lo que estamos conociendo en la prensa, sin lugar a dudas, debe ser revisado”, zanjó.
Anticipando un tenso debate, la parlamentaria afirmó que ningún servicio público debe tener “poder absoluto” sobre los ciudadanos al ejercer este tipo de facultades. Por lo tanto, declaró que “habrá que revisar con lupa las atribuciones y poderes que se le pretenden entregar al referido servicio, así como también buscar mecanismos de control judicial para regular los derechos de los contribuyentes y sancionar los abusos que se puedan cometer en el ejercicio de las facultades de estos servicios públicos”.
Lo mismo aludió el diputado independiente, Carlos Bianchi, quien aseguró que exigirá mayores garantías al ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante la tramitación del pacto. En ese sentido, junto con recalcar que una gran mayoría de funcionarias y funcionarios son probos, señaló que -tal como revelan los audios- existen funcionarios corruptos.
Por lo mismo, afirmó que “lo que no podemos seguir haciendo es que quede siempre a cargo del propio Servicio de Impuestos Internos toda la investigación con respecto a delitos tributarios. Nosotros hemos hecho un proyecto de ley que lo que hace es declarar como acción penal pública los delitos tributarios, o sea, elimina la excepcionalidad que faculta exclusivamente al SII”.
“Dado estos hechos, como otros anteriores, tenemos el legítimo derecho a preguntarnos cuántos hechos que tuvieron que ver con la política, recordemos a personajes del raspado de la olla y otros tantos, donde efectivamente el Servicio de Impuestos Internos no tuvo el actuar que hubiésemos deseado ver”, cuestionó.
En el oficialismo, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, afirmó que lo importante es fortalecer las instituciones que persiguen estos fraudes, pero además cuestionó la postura de la oposición dado que fue este mismo sector el que rechazó la reforma tributaria, la cual contemplaba medidas que pudieron haber enfrentado este caso con mayor rigurosidad.
“Ellos en marzo rechazaron la reforma tributaria que traía varias medidas que fortalecían la evasión, la elusión y todo este tráfico de influencias que se pueden realizar en el ámbito empresarial y que el organismo encargado de perseguirlo es el SII. Por lo tanto, al rechazar la reforma tributaria, le quitamos una serie de herramientas al SII que, quién sabe, tal vez con alguna de ellas se podría haber detectado esto mucho antes”, apuntó.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans (CS), junto con afirmar que lo ocurrido es un delito inaceptable, declaró que “es importante acelerar el trámite legislativo para protegernos frente a este tipo de actos, y Felipe Kast (senador) tiene en sus manos la posibilidad de contar con una legislación que nos permita levantar el secreto bancario, pero lamentablemente la derecha en esto ha tenido una actitud dilatoria”.
Ministro Marcel: “Se tiene que legislar antes de que se produzcan los problemas”
En el marco del caso Hermosilla, el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, cuestionó la poca urgencia del Congreso a proyectos del Ejecutivo como la Ley de Inteligencia Económica, que busca seguir la ruta del dinero y que se encuentra detenida en el Senado, también la iniciativa que busca institucionalizar el Consejo de Auditoría Interna y recalcó las medidas contenidas en la reforma tributaria.
“Cuando se trata de hacer cosas preventivas, se les presta menos atención que cuando hay emergencia o hay una crisis”, afirmó en entrevista con Radio Infinita.
Con un tono de resignación el ministro de Hacienda agregó que “eso es un poco frustrante, porque justamente gran parte de lo que se requiere, por ejemplo, en este caso cuando estamos hablando del mercado financiero, de las regulaciones, gran parte de todo eso es preventivo”. “Por lo tanto, es algo que uno tiene que legislar antes de que se produzcan los problemas, no cuando los problemas ya se produjeron”, resaltó.
“Pucha, que diferencia haría que hubiéramos tenido esa capacidad para levantar el secreto bancario, eso estaba en el proyecto de reforma tributaria. Qué diferencia haría probablemente si es que hubiéramos aprobado dentro de tres o cuatro meses el proyecto de inteligencia económica que sigue sin votarse”, recalcó.
