Desde las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el titular de la cartera, Carlos Montes, junto a la ministra de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, entregaron detalles sobre el allanamiento de las oficinas del ministerio esta mañana.

Tras una orden de la Fiscalía de Tarapacá, este jueves la Brigada Anticorrupción de PDI realizó un allanamiento de las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco de las investigaciones por el “Caso convenios”. El mismo proceso judicial se estaría llevando a cabo en las dependencias del Serviu en otras regiones del país.

De acuerdo a la Fiscalía, el procedimiento se ejecutó “con el objeto de incautar todos los antecedentes físicos y digitales relacionados con las fundaciones En Red Social, Arquiduc y Enlace Urbano, en el marco de la investigación que sigue adelante dicha Fiscalía por las transferencias realizadas entre la Seremi de Vivienda de Tarapacá y dichas fundaciones, las que suman unos 1.800 millones de pesos”.

La ministra Camila Vallejo informó, “de manera clara y categórica, que esta diligencia que ha sucedido durante la mañana es fruto de una denuncia que el mismo ministro (Montes) y el Minvu interpuso contra un exfuncionario del ministerio que renunció cuando nosotros asumimos como Gobierno”.

“Se trata de un exfuncionario que venía de la administración anterior y que puso su renuncia en mayo del año pasado. El Ministerio de Vivienda además ha realizado una serie de acciones para poder enfrentar con mucha responsabilidad y seriedad el ‘Caso convenios'”, destacó.

En esa línea, la vocera sostuvo que la cartera ha impulsado mejoras institucionales, ha interpuesto alrededor de cinco denuncias y querellas, “ha establecido responsabilidades políticas desde el primer momento, ha generado acciones de carácter administrativo para determinar responsabilidades administrativas, pero también procediendo con denuncias para investigaciones de carácter penal”.

Por su parte, el ministro Carlos Montes informó que la denuncia contra el exfuncionario involucrado en la causa de las fundaciones de Tarapacá se presentó el 14 de agosto de 2022. El titular de Vivienda dijo que se respondieron oportunamente tres oficios y un cuarto “quedó extraviado en el camino”. Así, ambos secretarios de Estado aseguraron que el allanamiento se debió a que dicho oficio no se respondió oportunamente, “pero ya se resolvió”.

“Lo principal para nosotros es que se clarifiquen las cosas, este no es un ministerio corrupto, aquí trabajan personas honorables, toda imagen que se da en ese sentido es un error”, declaró Montes.

En ese sentido, el ministro subrayó que lo que ocurrió en el “Caso convenios” es que “había un modelo de operación que venía de antes, desde el año 2019 (…) que fue lo que permitió que hubiera un caso de corrupción como el de Democracia Viva en Antogafasta”. “A partir de eso un equipo de acá investigó las distintas regiones, para ver qué es lo que ocurría. Buena parte del informe de la Contraloría proviene de las investigaciones que nosotros mismos entregamos”, dijo.

“Nosotros lo que queremos es que se clarifique. No es verdad que en cada región del país haya un Democracia Viva, eso es un error. Lo que sí hay son faltas administrativas”, expuso.

En tanto, el ministro de Vivienda enfatizó que cuando los funcionarios de la PDI llegaron al edificio de la cartera, él mismo le manifestó que vieran “todo lo que sea necesario porque nos interesa que se conozca todo”. “Nos interesa que se llegue al fondo, no estamos escondiendo nada. Además que estos son hechos que están investigando que corresponden al gobierno anterior”.

Por otro lado, Montes fue consultado sobre las exigencias de renuncia de parte de distintos parlamentarios y respondió una vez más que él no abandonará su cargo. “No voy a renunciar, me voy a quedar a aclarar las cosas, no tienen otros argumentos”, subrayó.