En paralelo a la discusión en el Senado sobre otorgar arresto domiciliario a mayores de 70 años o enfermos terminales, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó  la solicitud de la defensa del ex militar y agente de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann, que buscaba acceder al beneficio argumentando su avanzada edad y complicaciones de salud.

En junio del año pasado la defensa del ex militar había solicitado a la ministra en visita para causas de derechos humanos, Paola Plaza, acoger la solicitud de cumplimiento domiciliario atendiendo las razones médicas que presenta Iturriaga, así como “su condición etaria y de salud que es incompatible con la cárcel y con la justicia de derechos humanos basada en la dignidad del ser humano”. Tal petición fue rechazada por Plaza en primera instancia el 12 de junio pasado.

Posteriormente, la defensa del ex militar apeló a dicha resolución, para que luego el tribunal de alzada capitalino decidiera rechazar y dejar firme la sentencia de primera instancia.

“Constatando el tribunal que se han arbitrado todas las medidas de resguardo y conducente a garantizar la salud e integridad del interno, así como el debido acatamiento  a las prescripciones de la Comisión Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, se rechaza la solicitud de cumplimiento domiciliario de la pena”, señala parte de la sentencia.

Tras esta decisión, la defensa de Ituarriga presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.

Raúl Iturriaga Neumann (85) fue general del Ejército, subdirector y jefe del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Fue condenado el 2007 y detenido después de haber estado prófugo y declarar que no aceptaba la condena. Actualmente, se encuentra recluido en el Penal Punta Peuco cumpliendo condena por su responsabilidad en diversos crímenes de lesa humanidad ejecutados tanto en Chile como en el exterior.

Su primera sentencia recayó en 2007 como responsable del secuestro calificado de Luis Dagoberto San Martín. Desde entonces y a la fecha, suma cerca de 200 años de cárcel, estando condenado por el crimen del ex jefe del Ejército Carlos Prat y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires, Argentina, en 1974; en las operaciones Colombo y Cóndor; Villa Grimaldi principal y por la desaparición del Comité Central del Partido Socialista en 1975, entre otros. Sus condenas son por los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, secuestro, sustracción de menor, torturas, aplicación de tormentos con violencia sexual y asociación ilícita, entre otros.

“Constituye una señal contra la impunidad”

Consultado sobre la sentencia, el abogado Francisco Bustos, del estudio jurídico Caucoto Abogados, señaló que “era una resolución esperable, pero que de todos modos es muy importante, porque constituye una señal contra la impunidad”.

A juicio de Bustos “no sólo existen deberes de juzgar los delitos de lesa humanidad”, sino que además, “las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los crímenes  y debe evitarse la impunidad, como la que se pretendía con esta petición, especialmente considerando que se trata de un oficial de alto rango, que tuvo mando en la DINA”.

En esa misma línea, el abogado aseguró que “no es raro ver que cada cierto tiempo, por diversos medios, se ha buscado garantizar la impunidad a criminales de la dictadura. Pensemos en el indulto general COVID, la propuesta de constitución rechazada el 17 de diciembre, o actualmente el proyecto de una Comisión del Senado. Por eso, es importante que la sociedad civil y quienes trabajamos en derechos humanos nos mantengamos alerta para denunciar estos intentos”, dijo.