Se está buscando corregir el procedimiento a futuro; mientras tanto, se suspenderán 25 pensiones de gracia otorgados a víctimas del Estado durante el estallido social, fue lo que aseguró la ministra de Interior, Carolina Tohá, durante este domingo.
A esto se suma también un balance que da cuenta de 69 personas con antecedentes penales de las 418 que suscribieron a este beneficio, casos que independientemente de este detalle, según señaló la secretaria de Estado, serán revisados por orden del presidente Gabriel Boric.
Mientras tanto, la oposición viene planteando determinar las responsabilidades políticas de este caso, que nace de una carta enviada por el INDH al Gobierno en septiembre del año pasado, en la que señalan no contar con los mecanismos para acreditar afectaciones de las personas postulantes a este beneficio.
Posteriormente, en diciembre del mismo año, Contraloría emitió un informe en el que determinó que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión tenían antecedentes penales.
Frente a todo esto, parlamentarios de Renovación Nacional ya habían presentado un proyecto que modificaba los mecanismos de entrega, a lo que hoy suman también una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y fraude al Fisco y una solicitud al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar acciones penales.
“Contraloría nos ha dado la razón aclarando que es posible hacer la revocación de estas pensiones de gracia si las personas tienen antecedentes penales. Lo cierto es que RN, en su artículo transitorio, propone hacer la revocación inmediatamente a quienes tengan antecedentes penales pero fue desestimado por los partidos de Gobierno”, aseguró el diputado Frank Sauerbaum.
“Esto revela que la incompetencia, la desidia y la complicidad con la entrega de estas pensiones de gracia es escandalosa y esto exige que el presidente tome las decisiones correspondientes respecto a las responsabilidades políticas. No puede ser que esto quede en la más absoluta impunidad cuándo estamos hablando de recursos públicos de todos los chilenos que lamentablemente terminaron en manos de delincuentes“, emplazó también el diputado de la misma tienda, Andrés Longton.
Por otro lado, desde el oficialismo existe mesura respecto a lo que pueda determinar el Ministerio Público en sus investigaciones, tal como aseguró la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.
“Las responsabilidades deben determinarlas los órganos competentes. Aquí hay un informe de Contraloría y se ha abierto una investigación. Yo soy muy respetuosa de las instituciones y de no pronunciarme anticipadamente porque hay que respetar que estas instituciones puedan hacer su trabajo y esclarezcan los hechos “, expresó.
Por su parte, el diputado Leonardo Soto insistió en que las responsabilidades de este caso recaen también en la gestión durante la cual se formuló este proyecto, es decir, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
“Estos procedimientos emanaron del ministro Delgado y tenían varias falencias legislativas y administrativas. El INDH hizo lo correcto, que es dar a conocer que no tenía capacidades para poder evaluar lesiones, pero tampoco se estableció quién podía hacerlo, porque el procedimiento era defectuoso”, recordó.
Así mismo se mostró confiado en que no existe responsabilidad de parte del Gobierno; no obstante “podría haber algún tipo de fraude de algunos postulantes a las pensiones de gracia. A todos nos da mucha tranquilidad que el Ministerio Público haga una investigación y haga un filtro al detalle de si ha habido abusos que sean constitutivos de delitos”.
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