La reinserción social juvenil es parte de los focos que ha tomado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y que empezó a tomar forma con el inicio del funcionamiento del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en el norte del país. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar los estándares de atención e intervención, y mejorar la calidad del nuevo Programa de Mediación Penal Juvenil. Con ello, buscará dar un cierre definitivo al Servicio Nacional de Menores (SENAME).
El Gobierno, por medio del Ministerio de Justicia, elaboró una estrategia en conjunto con el programa EUROsocial de la Unión Europea para una correcta implementación de dicho servicio. Junto con la colaboración estratégica de la UE, se lanzó un ciclo de capacitaciones para la implementación del programa de mediación penal juvenil en el marco de la reforma establecida por la Ley N°21.527. Una legislación que marca un hito significativo en la transformación del sistema de justicia juvenil en Chile.
Durante los últimos días los expertos Roberto Moreno e Iván Navarro, especialistas en mediación penal juvenil, expusieron en un seminario sobre el marco normativo, la experiencia comparada internacional y otros temas relacionados. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, ahondaron en la realidad que vive Chile sobre estos desafíos.
Respecto a la normativa sobre el tema en el país, Iván Navarro, docente e investigador doctoral de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, valoró el proceso de reforma que está impulsado por la entrada en vigencia de la Ley 21.527. Esta no solo crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, sino que además modifica la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes.
“Responde a un compromiso del Estado chileno para fortalecer tanto la institucionalidad como el trabajo de las instituciones en el proceso penal diariamente. Hay desafíos muy importantes que implican a distintos actores del sistema que repercuten en los procesos de responsabilización de los infractores, de los adolescentes en conflicto con la ley”, expuso Navarro.
Iván Navarro en el Seminario que se realizó en Santiago este jueves 21 de marzo.
Más en específico, la entrada en vigencia de esta ley fue destacado por el especialista como “el primer reconocimiento expreso de prácticas restaurativas en Chile”. “Si uno ve el escenario latinoamericano, es una regulación de avanzada. Otorga certeza a los operadores del sistema de justicia, reconoce expresamente cuál es el ámbito de aplicación tanto de los delitos que se pueden mediar como de la oportunidad procesal e incorpora algo bastante innovador que es establecer el derecho de las víctimas a solicitar una mediación respecto de cualquier delito”, explicó Navarro. Además, advirtiendo que “el marco normativo está alineado con la Convención de los Derechos del Niño”.
La comparación con el resto del continente, e incluso con Europa, específicamente España, es algo que abordó Roberto Moreno, responsable de justicia, personas en prisión y víctimas del terrorismo de la oficina del Ararteko, de la Defensoría del Pueblo del País Vasco. Si bien reconoció que en el sistema de justicia juvenil chileno hay aspectos por mejorar, también destacó la posición en que está el país en relación al resto de Latinoamérica.
“Hay cosas que mejorar más sistemáticas. De relación con el sistema sanitario, en cuestiones de sistema educativo que tiene mucho que ver con el sistema de justicia juvenil. Pero las diferencias que veo en cuanto al contexto europeo, particularmente de España, son muy similares en realidad. Creo que Chile está convirtiéndose en un país líder en la región a la hora de implementar las prácticas restaurativas desde una certeza normativa y un elemento fundamental es que hay políticas públicas”, expresó Moreno.
Respecto a medidas desde España que se podrían tomar de ejemplo en Chile, Moreno fue enfático al señalar que: “No consiste en replicar, porque la justicia restaurativa tiene que atender el contexto de la región”. En un contexto donde el llamado de diversos sectores políticos a, por ejemplo, construir más cárceles como solución a la crisis de seguridad es cada vez más replicable, Moreno aseveró que la experiencia refleja que medidas de esta tendencia no impactan en una sociedad más segura.
Roberto Moreno
“En Europa siempre se está midiendo la eficacia de la reinserción, de estos programas que tienen un impacto muy grande con inversiones que no son tan importantes. Lo que puedo decir de Europa es que tienen un impacto muy importante en el descenso de la reincidencia”, expresó. “Cuando no se hacen estos programas, lo que hay es un aumento de la reincidencia. Entonces tener más condenas, más cárceles, más policías, sin medir si eso tiene un efecto en que la sociedad sea más segura, no tiene mucho sentido en política pública”, agregó el experto.
En esa misma línea, Iván Navarro también concordó en que medidas “más punitivas” no aportan como solución al problema. “Entran en un bucle de abordar solamente el conflicto que es relevante jurídico, pero que oculta otro subyacente más complejo que está relacionado con inequidades, justicias sociales, desigualdad en el acceso (…) Lo que nos ha encargado la Unión Europea a través de su programa es precisamente lo contrario. Intentar reflexionar sobre las posibilidades de la justicia restaurativa en el siglo XXI. Donde ha demostrado que tiene un potencial restaurador no solamente del daño de las víctimas y el conflicto específico, sino que también de las relaciones de cómo pensamos en conjunto por qué ha ocurrido un delito y poder cambiar comportamientos para que no vuelva a ocurrir. Pero desde una perspectiva de colaboración en vez de enfrentamiento”, concluyó.
