Con la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric, la Contraloría General de la República (CGR) realizó este lunes la cuenta pública correspondiente al año 2023. Una Contraloría preocupada y orientada a trabajar en las emergencias que afectan a la ciudadanía, así se puede resumir el eje de la acción que tendrá el organismo de control en 2024, según las palabras de la contralora (s), Dorothy Pérez.
En este sentido, la contralora general (s) enfatizó sobre el nuevo impulso que tendrá la institución que actualmente lidera, cuyas labores se direccionarán a los temas que actualmente más demandan las personas. Estos se refieren a los servicios relacionados con temas de seguridad y delincuencia, fijando como directrices la especial preocupación por acciones como quema de drogas, incautación y control de armas, entre otros elementos. Para ello, se considerará la destinación de más personal y recursos para la correcta fiscalización de estas materias.
Asimismo, Pérez destacó que “desde enero de 2024 está en pleno funcionamiento la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, creada con el propósito de potenciar la descentralización, tener más contacto con las regiones y sus áreas de riesgo, a fin de concretar un accionar más eficaz”.
En la misma línea, sostuvo que “otro eje del trabajo institucional será mejorar la oportunidad de las respuestas de la CGR ante las emergencias ciudadanas, para lo cual se determinó redestinar personas a labores directas de línea en control externo y control de juridicidad”.
Como parte de la rendición de la Cuenta Pública, la contralora (s) se refirió a las principales cifras que marcaron la gestión institucional del año pasado, divididas en las 4 grandes áreas de trabajo: función de auditoría, función jurídica, función contable y función jurisdiccional. “Se realizaron 381 auditorías de cumplimiento, las que en su gran mayoría incluyeron exámenes de cuentas. Asimismo, se hizo el seguimiento de 6 mil 584 observaciones y se recibieron y procesaron 143 mil 403 declaraciones de patrimonios e intereses”, afirmó la autoridad.
En cuanto a la función jurídica, en cifras, se examinó la juridicidad de 34 mil 745 actos administrativos y se emitieron 21 mil 222 dictámenes y oficios.
En relación a la función contable, la contralora (s) expresó que “se procesaron 49 mil 199 informes contables y presupuestarios” y “se analizaron 2 mil 861 actos que aprueban o modifican presupuesto”. “Sobre la función jurisdiccional, se presentaron 115 nuevas demandas o reparos, para perseguir la recuperación de fondos públicos por la suma de $15.187.945.129”, explayó.
