La multisindical pidió información estadística sobre la cantidad de funcionarios de planta, a contrata y a honorarios en distintas reparticiones públicas, así como el número de desvinculaciones registradas en el periodo mencionado.
La Contralora Dorothy Pérez dictaminó que la fundación deberá cubrir con recursos propios los bonos y aguinaldos que excedan el marco legal, agravando la crisis financiera de la institución que arrastra un déficit de $1.500 millones.
El ente contralor justificó la necesidad de la información para fiscalizar los programas orientados a personas trans y defendió su legalidad. “Esta Contraloría jamás ha publicado información que tenga carácter de reservada o secreta”, argumentaron.
El Ejecutivo ingresó una iniciativa para ampliar las facultades del organismo. Las claves: levantamiento del secreto bancario de cuentas institucionales y fiscalización de corporaciones municipales.
Cristián Valenzuela, el rollizo y deslenguado generalísimo de la campaña del candidato presidencial José Antonio Kast, en una columna de opinión del diario La Tercera, aseguró que todos los funcionarios públicos son «parásitos», pero sin dar ejemplos concretos, es decir, el sujeto tiró a la bandada para hacerse famoso y lo logró, pero como recibió […]
La CGR reaccionó al desmentido público de los organismos sobre las cifras de rezago en permisos. La entidad precisó que, según datos oficiales de mayo de 2025, permanecían pendientes «1.010 solicitudes generales y otras 86 de obras públicas».
El fiscal nacional se refirió a las declaraciones que realizó la contralora Dorothy Pérez en Enade, donde señaló que han detectado “diferencias en el peso de la droga incautada por las policías y los recibidos por los servicios de salud».
Tras afirmar que el Congreso no era «tan relevante» y sus declaraciones recibieran una crítica transversal, la carta presidencial del Partido Republicano aseguró: “Jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes”.
Del total de casos identificados, un 35,9% corresponde a Carabineros, 35,8% a Gendarmería, 24,1% a las Fuerzas Armadas y 4,2% a la Policía de Investigaciones (PDI). El Gobierno dio un plazo de 72 horas para iniciar procesos disciplinarios.
La contralora general, Dorothy Pérez, explicó que las nuevas investigaciones están centradas en irregularidades derivadas de infracciones de tránsito, ingreso a parques nacionales o apuestas realizadas por trabajadores del Estado.
El ente fiscalizador dio un plazo de 5 días a los establecimientos para entregar la información. Por su parte, el Colegio de Profesores calificó el oficio como una «acción de carácter político» por parte de la institución dirigida por Dorothy Pérez.
Ante la instrucción del ente controlador de que los SLEP apliquen descuentos por participación en el paro nacional docente del 4 y 5 de junio, la Central Unitaria de Trabajadores expresó su «solidaridad» con el gremio.
El Ejecutivo estableció un plazo para que los servicios informen del avance de los sumarios. En tanto, la contralora general, Dorothy Pérez, alertó de la necesidad de mayor control al interior de las instituciones del sector público.
También fueron parte del panel la contralora Dorothy Pérez y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa. En el encuentro se abordaron temas como las barreras culturales y la conciliación entre la vida familiar y laboral.
Dorothy Pérez explicó que todos los empleados estatales, independientemente de su modalidad de contrato, deben asistir y rendir cuentas ante las instancias investigadoras. Además, se refirió a los gastos reservados del exsubsecretario.
La semana pasada se conoció un estudio elaborado por la Contraloría General de la República, titulado «Qué piensas de la corrupción en Chile», en el cual el 72,2% de los encuestados declaró que nuestro país es «bastante o totalmente corrupto», señalándose además por el 91.1% que los más propensos a esta lacra son los municipios, lo cual no […]
Dorothy Pérez asistió a la comisión investigadora sobre la materia, instancia en que se refirió a los convenios en los que se detectaron problemas, tales como falta de ejecución de las acciones comprometidas o retraso en la rendición de cuentas.
