Desde el 18 de marzo, la presidenta peruana, Dina Boluarte, es investigada por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos. El caso nació de una denuncia periodística sobre una presunta colección de relojes de alta gama que la presidenta no había consignado entre sus bienes, pero fue en la madrugada de hoy cuando se dió el allanamiento, en que intervinieron unos 40 agentes y fiscales “con el fin de registrar la vivienda e incautar los relojes Rolex” cuya procedencia y compra Boluarte ha evitado precisar.

La acción conjunta de la fiscalía y de la policía fue retransmitida por el canal de televisión local Latina, donde se aprecia cómo los agentes rodearon la vivienda ubicada en el distrito de Surquillo, al este de Lima, y hacen una barrera humana para impedir el tráfico de vehículos en las calles. “La irrupción al domicilio tiene fines de registro e incautación”, dijo la policía.

Cabe señalar que la intervención fue autorizada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presidido por  el juez supremo, Juan Carlos Checkley, a pedido del Fiscal de la Nación.

El allanamiento se efectuó de manera sorpresiva luego que la fiscalía no aceptara que la presidenta pidiera reprogramar una citación fiscal prevista para inicios de semana para mostrar los relojes y sus comprobantes de adquisición. Los fiscales que ingresaron no dieron declaraciones a las decenas de periodistas apostados en el exterior de la vivienda, que informan en vivo desde la calle sobre el allanamiento.

Según la prensa presente durante el procedimiento, la presidenta no se hallaba en su vivienda y se ignoraba si se encontraba en su despacho de Palacio de Gobierno. Además, la presidencia peruana no reaccionó de inmediato, pero no se descarta una declaración del gobierno.

Es importante destacar que si resultara acusada en este caso, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta julio de 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución. Entretanto sí que puede ser investigada. Sin embargo,  esto puede derivar en un pedido de vacancia (destitución) de Boluarte desde el Congreso alegando “incapacidad moral”.

Para que ello ocurra, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal apoyo de la mandataria, deberán apoyar a las minoritarias bancadas de izquierda en una alianza difícil de concretarse.