El asalto policial a la embajada mexicana de Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas ha colocado a Ecuador en medio de una tormenta diplomática.
El rechazo internacional quedó personificado en las críticas del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien a través de un portavoz se declaró “alarmado” por el operativo y aseguró que no respetar el principio de inviolabilidad de los recintos diplomáticos “pondría en peligro la continuación de las relaciones internacionales normales”.
Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó las acciones de Ecuador como “improcedentes” y expresó “solidaridad” con la delegación mexicana. Nicaragua en tanto, se unió a México y rompió relaciones diplomáticas con Ecuador.
Varios gobiernos latinoamericanos, tanto de izquierdas (Brasil, Colombia, Venezuela y Chile) como de derechas (Argentina y Perú) criticaron el asalto y la detención de Glas, que estaba requerido por la justicia ecuatoriana para afrontar cargos de presunta corrupción y se había refugiado desde septiembre en la embajada mexicana.
Glas, vicepresidente de Rafael Correa entre 2013 y 2017, tiene una orden de prisión preventiva por un presunto peculado en obras públicas contratadas tras el devastador terremoto en la costa ecuatoriana en 2016.
El político fue trasladado el sábado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Ya había estado en prisión por haber participado en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, pero recuperó su libertad en 2022 gracias un recurso de habeas corpus.
México denunció “una “violación flagrante al derecho internacional” y su “soberanía”, mientras que la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, acusó a México de violar “el principio fundamental de no intervenir en los asuntos internos de otros Estados” al dar asilo a Glas. Asimismo, justificó el asalto a la sede diplomática, argumentando “un riesgo real de fuga” del político de 54 años.
Una crisis que estalló en 4 días
La crisis diplomática comenzó el miércoles, cuando López Obrador planteó un paralelismo entre la violencia que marcó la campaña presidencial ecuatoriana de 2023, durante la cual fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio y la criminalidad que se registra en México de cara a las elecciones del 2 de junio.
Según el mandatario mexicano, el crimen de Villavicencio creó un “ambiente enrarecido de violencia” que provocó la caída en las encuestas de la candidata izquierdista Luisa González y el repunte de Daniel Noboa, quien resultó ganador. Duro crítico de Correa, Villavicencio era conocido por sus denuncias sobre el fortalecimiento del narcotráfico.
El gobierno de Noboa consideró que esos comentarios “ofenden al Estado ecuatoriano” y expulsó a la embajadora mexicana Raquel Serur, quien aún no ha salido del país. En respuesta, México concedió el viernes asilo político a Glas tras meses refugiado en la sede diplomática de Quito, alegando una persecución política en su contra. Tras conocer esa decisión, las autoridades de Ecuador pusieron en marcha la operación policial para su detención.
El asalto policial a la embajada mexicana de Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas ha colocado a Ecuador en medio de una tormenta diplomática.
El rechazo internacional quedó personificado en las críticas del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien a través de un portavoz se declaró “alarmado” por el operativo y aseguró que no respetar el principio de inviolabilidad de los recintos diplomáticos “pondría en peligro la continuación de las relaciones internacionales normales”.
Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó las acciones de Ecuador como “improcedentes” y expresó “solidaridad” con la delegación mexicana. Nicaragua en tanto, se unió a México y rompió relaciones diplomáticas con Ecuador.
Varios gobiernos latinoamericanos, tanto de izquierdas (Brasil, Colombia, Venezuela y Chile) como de derechas (Argentina y Perú) criticaron el asalto y la detención de Glas, que estaba requerido por la justicia ecuatoriana para afrontar cargos de presunta corrupción y se había refugiado desde septiembre en la embajada mexicana.
Glas, vicepresidente de Rafael Correa entre 2013 y 2017, tiene una orden de prisión preventiva por un presunto peculado en obras públicas contratadas tras el devastador terremoto en la costa ecuatoriana en 2016.
El político fue trasladado el sábado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Ya había estado en prisión por haber participado en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, pero recuperó su libertad en 2022 gracias un recurso de habeas corpus.
México denunció “una “violación flagrante al derecho internacional” y su “soberanía”, mientras que la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, acusó a México de violar “el principio fundamental de no intervenir en los asuntos internos de otros Estados” al dar asilo a Glas. Asimismo, justificó el asalto a la sede diplomática, argumentando “un riesgo real de fuga” del político de 54 años.
Una crisis que estalló en 4 días
La crisis diplomática comenzó el miércoles, cuando López Obrador planteó un paralelismo entre la violencia que marcó la campaña presidencial ecuatoriana de 2023, durante la cual fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio y la criminalidad que se registra en México de cara a las elecciones del 2 de junio.
Según el mandatario mexicano, el crimen de Villavicencio creó un “ambiente enrarecido de violencia” que provocó la caída en las encuestas de la candidata izquierdista Luisa González y el repunte de Daniel Noboa, quien resultó ganador. Duro crítico de Correa, Villavicencio era conocido por sus denuncias sobre el fortalecimiento del narcotráfico.
El gobierno de Noboa consideró que esos comentarios “ofenden al Estado ecuatoriano” y expulsó a la embajadora mexicana Raquel Serur, quien aún no ha salido del país. En respuesta, México concedió el viernes asilo político a Glas tras meses refugiado en la sede diplomática de Quito, alegando una persecución política en su contra. Tras conocer esa decisión, las autoridades de Ecuador pusieron en marcha la operación policial para su detención.
El asalto policial a la embajada mexicana de Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas ha colocado a Ecuador en medio de una tormenta diplomática.
El rechazo internacional quedó personificado en las críticas del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien a través de un portavoz se declaró “alarmado” por el operativo y aseguró que no respetar el principio de inviolabilidad de los recintos diplomáticos “pondría en peligro la continuación de las relaciones internacionales normales”.
Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó las acciones de Ecuador como “improcedentes” y expresó “solidaridad” con la delegación mexicana. Nicaragua en tanto, se unió a México y rompió relaciones diplomáticas con Ecuador.
Varios gobiernos latinoamericanos, tanto de izquierdas (Brasil, Colombia, Venezuela y Chile) como de derechas (Argentina y Perú) criticaron el asalto y la detención de Glas, que estaba requerido por la justicia ecuatoriana para afrontar cargos de presunta corrupción y se había refugiado desde septiembre en la embajada mexicana.
Glas, vicepresidente de Rafael Correa entre 2013 y 2017, tiene una orden de prisión preventiva por un presunto peculado en obras públicas contratadas tras el devastador terremoto en la costa ecuatoriana en 2016.
El político fue trasladado el sábado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Ya había estado en prisión por haber participado en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, pero recuperó su libertad en 2022 gracias un recurso de habeas corpus.
México denunció “una “violación flagrante al derecho internacional” y su “soberanía”, mientras que la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, acusó a México de violar “el principio fundamental de no intervenir en los asuntos internos de otros Estados” al dar asilo a Glas. Asimismo, justificó el asalto a la sede diplomática, argumentando “un riesgo real de fuga” del político de 54 años.
Una crisis que estalló en 4 días
La crisis diplomática comenzó el miércoles, cuando López Obrador planteó un paralelismo entre la violencia que marcó la campaña presidencial ecuatoriana de 2023, durante la cual fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio y la criminalidad que se registra en México de cara a las elecciones del 2 de junio.
Según el mandatario mexicano, el crimen de Villavicencio creó un “ambiente enrarecido de violencia” que provocó la caída en las encuestas de la candidata izquierdista Luisa González y el repunte de Daniel Noboa, quien resultó ganador. Duro crítico de Correa, Villavicencio era conocido por sus denuncias sobre el fortalecimiento del narcotráfico.
El gobierno de Noboa consideró que esos comentarios “ofenden al Estado ecuatoriano” y expulsó a la embajadora mexicana Raquel Serur, quien aún no ha salido del país. En respuesta, México concedió el viernes asilo político a Glas tras meses refugiado en la sede diplomática de Quito, alegando una persecución política en su contra. Tras conocer esa decisión, las autoridades de Ecuador pusieron en marcha la operación policial para su detención.
