Diversos casos recientes, como el “Caso Hermosilla” o las críticas de Daniel Jadue al presidente del Consejo de Defensa del Estado, han reabierto la discusión en torno a la confianza en las instituciones y, sobre todo, a su independencia frente al Poder Ejecutivo y/o Legislativo. Expertos consultados por Radio y Diario Universidad de Chile contrapusieron sus miradas respecto al tema.
El ex integrante de la Comisión Experta del Proceso Constitucional 2023, Alexis Cortés (Partido Comunista), dio su visión respecto a que altos cargos de instituciones autónomas sean elegidas, sin embargo, por el presidente de la República o, en algunos casos, por el Congreso Nacional. “No es inusual que organismos del Estado autónomos respecto de otros poderes tengan algún tipo de incidencia en la definición de sus miembros. El hecho que se tengan que producir esas nominaciones implica negociaciones políticas que establecen riesgos de la independencia que esas personas van a tener”, sostuvo en conversación con nuestro medio.
El sociólogo ejemplificó uno de los principales problemas al respecto. “En más de una ocasión, algún nominado, más por sus méritos de trayectoria profesional, lo es por quien lo esté apadrinando. Eso se ha intentado controlar, por ejemplo, a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Pero, lo cierto, es que hoy se cuestiona el rol que han jugado intermediadores claves por su influencia en el Poder Judicial o Legislativo, independiente del perfil profesional o excelencia con que deberían producirse los nombramientos”, cuestionó Cortés.
Por su parte, la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, rescató los “avances” que ha tenido el país en la materia, aunque apunta también a la delgada línea que existe entre los poderes del Estado. “En la última década, sobre todo, Chile ha ido avanzando en generar mecanismos de pesos y contrapesos en los nombramientos. Siempre está la tensión entre cómo esos nombramientos no obstaculizan, sino más bien favorecen el funcionamiento de poderes del Estado, puesto que se entiende que son independientes”, mencionó al ser consultada por nuestro medio.
Aunque esto se presume con un síntoma que ha aumentado la desconfianza en las instituciones, el abogado y exconvencional de Renovación Nacional, Raúl Celis, aseguró tajantemente que “a mi juicio el funcionamiento de las instituciones en Chile en general es adecuado, muy superior al de la mayoría de los países de Latinoamérica”. Aunque asume problemas “evidentes”, como los ya mencionados, insiste que “en términos generales, la autonomía es correcta”.
“En el Poder Judicial por ejemplo, creo que existe una autonomía y no me parece mal que intervengan en el nombramiento de los cargos más importantes de la Corte Suprema el Poder Ejecutivo o el Legislativo”, apuntó Celis.
No obstante, el abogado sí identificó algunos problemas en la designación de cargos. “Más cuestionable me parece que todos los nombramientos se autogeneren por el mismo órgano. En ese sentido, no estaría mal que existiera, por ejemplo, un consejo dentro de la Corte Suprema que se dedicara exclusivamente a tareas administrativas y de nombramiento. Y ese modelo podría replicarse en otros casos como la Fiscalía. Pero esos órganos colegiados, que eventualmente podrían encargarse de los nombramientos, van a tener una carga política porque es inherente a la naturaleza humana”, comentó.
La desconfianza y potenciales reformas
Bajo este contexto, una preocupación generalizada recae en la desconfianza que ha crecido en las instituciones del Estado. “Toda la evidencia muestra que ha habido una baja consistente de todas las instituciones públicas”, afirmó Alexis Cortés. El sociólogo destacó a universidades y municipios como los que “tienden a salir bien parados”. “Últimamente también se produce una recuperación de las Fuerzas Armadas y de los órganos judiciales”, complementó.
En esa línea, el ex constitucional aseguró que es un momento que facilitaría la introducción de reformas para “atenuar los vicios” del sistema de nombramientos. “La separación del rol del juez respecto de la gobernanza y la nominación. Y trataría de buscar mecanismos dentro del proceso que permitan un mayor grado de equilibrio. Que permitan respetar el orden de prelación propuesto por los propios organismos a la hora de establecer los nombramientos”, mencionó como ejemplo.
Una visión que comparte Verónica Figueroa Huencho, sobre todo apuntando al Poder Judicial. “Es un momento propicio para revisar mecanismos. Hacer el análisis comparado con otros países para ver que tan lejos Chile puede estar de la brecha para asegurar una mayor autonomía en esos cargos”, comentó.
La académica también evidenció su preocupación por el contexto actual. “Cuando ocurren estas situaciones que no son hechos aislados, sino que empiezan a aparecer situaciones o casos de corrupción o ineficiencia en un poder del Estado a la hora de investigar o perseguir delitos, estamos ante un escenario que es necesario analizar. En esa revisión tenemos que tener en cuenta la naturaleza o el rol que tienen que tener esos nombramientos. Todos los funcionarios públicos estamos sujetos a la Constitución y las leyes, solamente podemos hacer aquello que la ley de manera expresa nos autoriza, pero además también estamos sujetos a un comportamiento ético que si no lo cumplimos afecta a la credibilidad de las instituciones”, señaló.
Como reflexión final, Alexis Cortés expresó que: “Es importante que los órganos implicados sean lo más prudentes posible, para evitar que alguna decisión tomada legítima como órgano autónomo pueda ser cuestionada porque se confunde con políticas comunicacionales. Es importante que mantengan un perfil más bien bajo, tratando de no ser partícipes de las polémicas coyunturales que esté viviendo el país”, señaló.
