Para el próximo lunes 22 de abril está programado el inicio del juicio oral de la causa denominada “Operación Pureza”, por hechos de corrupción constitutivos de delitos cometidos en la Municipalidad de Tierra Amarilla, Región de Atacama.
De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal de Copiapó, Luis Miranda, el alcalde suplente y acusado Mario Morales prometió beneficios económicos a cuatro concejales de Tierra Amarilla a cambio de sus votos dentro del Concejo Municipal.
Desde entonces, comenzaron a sucederse acciones irregulares referidas al pago de coimas en los procesos de adjudicación de proyectos. Actos de corrupción que generaron un grave perjuicio económico a las arcas municipales y que fueron formalizados por el fiscal de la causa en julio del año 2020.
“Fue posible reunir una importante cantidad de medios de prueba de los delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno, además de negociación incompatible y obstrucción a la investigación respecto del edil y algunos de los funcionarios municipales detenidos”, dijo el fiscal.
Según los antecedentes contenidos en la acusación, el alcalde suplente y un grupo de cercanos colaboradores, también funcionarios municipales, y cuatro contratistas se concertaron para la asignación irregular de proyectos de mantención y ejecución de obras, licitaciones que eran otorgadas a cambio de coimas en dinero en efectivo que eran sustraídas de los precios artificialmente aumentados de los costos de cada obra.
PENAS SOLICITADAS
A partir del trabajo de la Fiscalía de Atacama se definieron los delitos por los que fueron acusados todos los involucrados, además de las sanciones que se solicitarán por su participación individual en los hechos indagados.
En el caso del exalcalde suplente se le acusó por su responsabilidad en los delitos de cohecho pasivo, fraude al fisco, asociación ilícita, negociación incompatible y obstrucción a la investigación. Ilícitos por los que la Fiscalía pedirá se apliquen penas privativas de libertad que superan los 40 años de cárcel.
“El Ministerio Público está solicitando respecto del universo de los acusados, penas de cárcel que suman 250 años de privación de libertad entre todos los involucrados. Esto al determinar que las coimas pagadas por la asignación de proyectos llegan aproximadamente a los 300 millones de pesos”, dijo Miranda.
El juicio se extenderá por cerca de 6 meses y la fiscalía presentará diversa prueba testimonial, contemplando la declaración de más de 100 personas. El Consejo de Defensa del Estado es parte querellante de la investigación.
