El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), aseguró que “no hay ni un peso en mi bolsillo”, tras ser decretada su prisión preventiva en el marco del caso Farmacias Populares. Así, el jefe comunal anunció que apelará a la medida.
“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada”, escribió Jadue en su cuenta de X tras conocer la decisión del tribunal. El aún alcalde ingresó a cumplir la prisión preventiva al anexo cárcel Capitán Yáber.
Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!
— Daniel Jadue (@danieljadue) June 3, 2024
Esta lunes, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el jefe comunal, imputado por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal sobre la administración de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
De esta manera, la jueza Paulina Moya accedió a las peticiones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Consejo de Defensa del Estado y la parte querellante en esta causa, Best Quality SPA, la empresa que denunció a Jadue por una estafa cercana a los $1.000 millones y que dio origen a la indagatoria.
En sus consideraciones, la jueza dio por acreditados los delitos y apunto a las penas de cárcel asignadas a los ilícitos, que en el caso de los más graves parten desde los 5 años y un día. Por lo anterior y las gravedad de los delitos, consideró que la libertad de Jadue constituye un riesgo para la seguridad de la sociedad.
La magistrada también dictó la prisión preventiva de José Matías Muñoz, ex secretario ejecutivo de la Achifarp, además del arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional contra Eduardo Sendra, ex director de Salud de Recoleta. Finalmente, dio 120 días para el cierre de la investigación.
Al salir de la tercera audiencia de formalización, el abogado del jefe comunal, Ramón Sepúlveda, sostuvo que el tribunal tomó “una posición de dar por acreditados hechos sin antecedentes y eso es muy grave”.
“Si bien esto se puede discutir en un juicio oral en el fondo, en una resolución que decreta una medida cautelar como esta debe necesariamente existir antecedentes respecto a la participación y a la existencia de los delitos que creemos en este caso no se dan”, expuso.
Así, el abogado defensor del jefe comunal de Recoleta anunció que presentará un recurso de apelación. “Confiamos en que podemos revertir esta resolución. De no ser así, vamos a (pedir) la revisión de cautelares, porque creemos que esta resolución es del todo injusta y desproporcionada respecto a los delitos que se le han imputado al alcalde de Recoleta”, manifestó Sepúlveda.
La indagatoria
Jadue es investigado por la fiscal Giovanna Herrera por ilícitos que se habrían cometido en las negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa Best Quality SPA. Además del alcalde, fueron formalizadas otras siete personas relacionadas con el caso.
Según la indagatoria, como presidente de la Achifarp, Jadue habría solicitado a Best Quality SPA un millonario aporte en insumos por la pandemia del Covid-19 para el Partido Comunista y, de esa manera, convertirse en proveedora de las farmacias populares. Asimismo, la empresa vendió a Achifarp insumos por cerca de $1.000 millones que no se le pagaron, por lo cual se querelló por estafa.
Durante la indagatoria por esta querella, el vendedor César Ramírez se autodenunció ante la fiscalía y reveló que la empresa entregó un soborno a Achifarp en insumos como alcohol gel y guantes quirúrgicos, por un valor de 20 millones de pesos, para quedarse con la licitación de los insumos contra el Covid-19.
El supuesto soborno se concretó el 1 de julio del 2020, cuando un camión de la empresa llegó hasta la sede comunal del PC en Recoleta, para entregar 100 bidones de alcohol gel de cinco litros, dos mil pecheras, 40 mil guantes de vinilo y 400 cajas de guantes quirúrgicos, lo que sumaban $ 20 millones en insumos. De esta manera, según la Fiscalía, se configuró el delito de cohecho, a lo cual se suma el ilícito de fraude al Fisco, por los recursos públicos involucrados.
En cuanto al delito de administración desleal, los alcaldes que integraron la Achifarp declararon a la Fiscalía que siempre existió un desorden administrativo y falta de transparencia al interior de la entidad.
