De acuerdo al abogado con experiencia nacional e internacional, Francisco Cox, la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario “muestra una paradoja en nuestro país”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el especialista en derechos humanos recordó que durante el debate sobre el control de identidad por sospecha “mucha gente decía: “El que nada hace nada teme”. Por lo tanto, ese mismo principio se podría aplicar en esta circunstancia”.

“Si usted no comete delitos tributarios, no tiene ingresos no declarados, ¿por qué le tema a que las autoridades tengan acceso a su información bancaria?”, cuestionó.

De todas maneras, Cox también señaló que actualmente el Estado sí tiene algunas atribuciones para investigar delitos económicos: “La Fiscalía, por ejemplo, puede solicitar el levantamiento del secreto a las autoridades judiciales y mi experiencia, es que cuando hay antecedentes se otorga el levantamiento del secreto”.

“Lo que yo entiendo que se está intentando hacer con este proyecto es que otras instituciones como la unidad de análisis financiero tenga acceso a información bancaria, cosa que pueda hacer un análisis de cómo se mueve la plata. Entonces, hay ciertas atribuciones que se tienen y otras que no y por eso, sí podría ser necesario este proyecto”, estimó.

En todo caso, el abogado apuntó a que “en Chile solemos tener un especie de entusiasmo excesivo en que por la sola dictación de una ley, vamos a ser capaces de ponerle fin o controlar al crimen organizado”.

“El enfoque o la obsesión con la dictación de leyes, en lugar del funcionamiento de nuestras instituciones, de cómo están haciendo el trabajo, es lo que me parece preocupante, porque entonces la discusión se va hacia eso. Discutimos sobre proyectos de ley y no damos seguimiento a cómo se implementa”, planteó.

En ese sentido, Cox sugirió poner especial atención a la cooptación de funcionarios públicos, pues este sería un elemento crucial en el avance del crimen organizado.

“Si usted ve la agenda pública y las declaraciones de las autoridades, no se menciona en ninguna parte eso, eso no está en la primera agenda. Ni siquiera logró llegar a los puntos de prensa cuando se develó la situación, de que había una banda de 13 carabineros que se comportaba como una verdadera banda de crimen organizado”, dijo.

A juicio del abogado, dicho caso es “una de las situaciones más graves que ha vivido este país, que es que 13 carabineros se comportaron como el Tren de Aragua y eso no está en la agenda ni en las prioridades”, acusó.

Por otra parte, consultado respecto a los dichos de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, sobre que no habrían sido sistemáticas las violaciones a los derechos humanos durante el estallido, Cox aseguró que aún es difícil establecer si es que las vulneraciones tuvieron ese carácter.

“Sinceramente, a mí me parece que todavía tenemos investigación. Si vemos las investigaciones que está llevando adelante la fiscal Ximena Chong, ni siquiera ella se ha pronunciado y ella es quién más conoce o el Ministerio Público, el que más conoce las decisiones y todo. Me parece que es bien difícil hacer un análisis sobre si se satisface o no el estándar de sistematicidad”, opinó.

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