“Chile tiene las mayores reservas de litio del mundo, un mineral que, al estar en las baterías de almacenamiento de energía, de autos y buses eléctricos, resulta clave en la lucha contra la crisis climática y una oportunidad de crecimiento económico”, aseveró el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional cuando anunció la Estrategia Nacional del Litio en abril del 2023.

En ese momento, el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL) junto a 78 comunidades, redes y agrupaciones emitieron una declaración en la que presentaron sus dudas y preocupaciones respecto de la iniciativa del Ejecutivo, donde hicieron hincapié en que esta estrategia fue hecha “a espaldas” de la sociedad civil, de las organizaciones territoriales y de los pueblos aledaños a los salares.

A más de un año de su presentación, y con 88 manifestaciones de interés por parte de empresas que quieren explotar el litio, el coordinador del OPSAL, Ramón Balcázar, cuenta en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile que en esa ocasión la inquietud que más se compartía era la evidente falta de participación, tanto en el desarrollo del plan, como también en lo que implicaría la concreción de los proyectos de extracción.

Sin embargo, Balcázar sostiene que para el OPSAL el principal foco de preocupación son los salares, en tanto, los consideran humedales andinos: “Hay que cambiar la mirada y dejar de ver los salares como minas o depósitos mineros (…). Cuando entiendes la complejidad de estos ecosistemas, es cuando te das cuenta de que nuestra responsabilidad es la de protegerlos, puede que tengan litio y agua, pero eso no quiere decir que nuestro deber no sea resguardarlos”.

En ese sentido, cuando se dio a conocer la Estrategia Nacional de Litio el primer cuestionamiento del observatorio fue sobre la Red de Salares Protegidos y los criterios de selección de los ecosistemas que iban a pertenecer a este grupo de conservación. El coordinador del OPSAL afirma que hicieron muchas gestiones e intentos para tratar de obtener información, “incluso esperamos que desde el Gobierno entregaran más detalles al respecto, pero nunca lo hicieron”.

Dicha preocupación continúa en la actualidad, pues para Ramón Balcázar “no hay una línea de base, no hay documentación que respalde esta Red de Salares Protegidos y esa es una de nuestras principales inquietudes porque no hay como contrastar eso, ni revisar, ni comentar, ni eventualmente aportar con alguna contra propuesta. Tampoco se consultó esa red, ni tuvo participación realmente de actores de la sociedad civil o  de las propias comunidades, que en muchos casos, si están o si tienen salares o humedales en sus territorios”, argumenta.

“Hay un área oscura donde no se sabe realmente qué es lo que se protege realmente“, recalca el integrante del OPSAL.

Laguna Cejar. Foto: Pilar León

Resguardo de los ecosistemas andinos y Ley SBAP: “Hay incertidumbre sobre cómo se va aplicar esta normativa”

Balcázar apunta que esto se cruza con la implementación de la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y de Áreas Protegidas (SBAP), la que no se ha concretado todavía.

Así, comenta que desde el observatorio están trabajando con el Consejo Nacional Coya en la Región de Atacama, quienes están preocupados por la protección que tendrán algunas lagunas que no son parte del listado de la red, pero que sí son salares y tienen importancia patrimonial, ecosistémica y ecológica.

“Justamente una de las barreras que tenemos es que la declaración de áreas de protección es un proceso que está ahora recién llevándose a cabo, entonces, hay un montón de procesos que no se han concretado todavía para que se implemente finalmente esta ley“, añade. 

Para el coordinador del OPSAL, no solamente hay un vacío de información al respecto, sino que también hay incertidumbre sobre cómo se va aplicar esta normativa y bajo qué condiciones se van hacer las declaraciones de protección.

Asimismo, plantea que muchas comunidades están preocupadas y tienen la intención de seguir trabajando para generar regímenes de conservación, “pero no pueden avanzar porque no existen todavía los mecanismos de participación, ni los criterios, ni la institucionalidad, no hay a quién acudir“.

“Esto se da en un momento bastante particular, en el está toda la presión para que se expanda la minería, donde el Gobierno, por una parte, recibe estas declaraciones de intereses, publica esta especie de licitación internacional, pero, por otro lado, no cuenta con la institucionalidad para ejercer esa protección. Hay cosas que no tienen sustento material dentro de las declaraciones que se han hecho desde las autoridades”, subraya.

En consecuencia, Balcázar evidencia que tanto en la Estrategia Nacional del Litio como en la implementación de la Ley SBAP hay dificultades con relación a la participación ciudadana.

“Creo que acá el problema es que la participación se está entendiendo como una simple apertura y no como un proceso en el que el Estado, en estos casos, tiene que hacer todos los esfuerzos para que la participación se cumpla, sea efectiva, tenga pertinencia territorial y cultural. Entonces, simplemente abrir los procesos, es un engaño. Porque da la impresión de que se está cumpliendo, pero finalmente lo que se está haciendo es limitar el acceso a quienes tienen acceso a esa información, a quienes cuentan con las capacidades técnicas, con el tiempo, a veces con los recursos para poder ejercer esas acciones y esto debiese ser al revés”, enfatizó.

El coordinar del OPSAL concluye que hay una serie de compromisos e instituciones que el Gobierno prometió, pero que no se están cumpliendo, ” y lo que está haciendo es promover desarrollo del sector minero, energético, lo que para el Ejecutivo se entiende, quizás es el rol que les toca, pero es un Gobierno que se comprometió con un montón de cosas, entre ellas, a la preocupación ambiental y a la justicia ambiental, entonces, hay una disonancia”.