A través de una declaración pública, la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, denunció la grave situación económica que enfrentan producto de la reducción en la entrega de fondos estatales que les ha impedido mantener sus operaciones de la manera en que se venía trabajando.

De acuerdo a la organización, “este año postulamos al concurso del Programa de Sitios, pero solo se nos permitió optar a un fondo 30% inferior al del año pasado”, lo que de acuerdo a la entidad “obligó a reducir nuestro equipo a la mitad, y solo hasta junio pudimos pagar sueldos completos”.

Producto de esto, la Fundación afirmó que “esta situación afecta al funcionamiento de las áreas de trabajo y la recepción de visitas de colegios y universidades. Además, el presupuesto, al ser tan precario, no soluciona los problemas estructurales de Casa Memoria José Domingo Cañas, como las goteras cuando llueve, el frío en invierno y el trabajo del archivo y la biblioteca”.

Asimismo, Casa Memoria José Domingo Cañas sostiene que “desde el Programa de Sitios se anuncia el día de hoy que 15 sitios hemos sido financiados, pero no se menciona que algunos sitios hemos sido precarizados, que algunos no pudieron pagar el mes de marzo a sus trabajadoras y trabajadores y que otros rcién a fines de junio recibieron los recursos”.

En esa línea, la Fundación agrega que “además de la reducción de recursos para el Sitio de este año, no se ha tomado en cuenta, y con la debida diligencia, la denuncia que hicimos en abril de este año a la Ministra de Cultura por el comportamiento inaceptable y anti ético de la coordinadora del Programa de Sitios de Memoria, Sra. Constanza Symmes, quien vulneró nuestros derechos humanos y afectó gravemente la integridad y reputación de nuestros sitios de memoria”.

Finalmente, la Fundación solicita “al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, los recursos para terminar el año y consideramos imperativo que el Estado cumpla con su responsabilidad en materia de memoria histórica. Exigimos la implementación urgente de una Ley Integral de Memoria que garantice la protección y financiamiento adecuado y oportunos para los sitios de memoria en Chile”.

Al respecto, la organización recalca que “queremos confiar en que las instituciones públicas encargadas del resguardo del patrimonio y la promoción de la memoria van a actuar con celeridad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en esta materia y subsanar el tiempo perdido y el daño realizado”.