“Nos mantenemos en una esfera reactiva“. Es el diagnóstico de la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y Magister de Ciencia Política de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, en medio de los cuestionamientos respecto a la efectividad del Plan Calles sin Violencia y tras las propuestas emitidas en seguridad por el mundo político, que buscan atender el “recrudecimiento” de los hechos de violencia en la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo al último balance entregado por el Ministerio del Interior, desde la implementación de la estrategia del Gobierno -en 48 comunas del país- hubo una reducción de un -8,4% de la tasa de homicidios. Mientras que en la RM la tasa se redujo en -5,9.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la experta en seguridad ciudadana, Alejandra Mohor, indicó que Calles sin Violencia develó decisiones acertadas, a pesar de que las limitaciones económicas y estructurales del aparato del Estado solo permitieron un despliegue focalizado del plan. Sin embargo, cuestionó que el programa no sea parte de una estrategia a nivel nacional.

“Las policías debieran ser mejoradas en términos integrales en su capacidad de prevenir e investigar los delitos, de realizar fiscalizaciones, para eso no basta el aumento de los funcionarios, sino que se requiere también mejorar su especialización y la forma en que se organiza el trabajo al interior de las instituciones y entre las instituciones”, afirmó.

La académica señaló además que “ni el Plan Calles Sin Violencia, ni ninguna otra estrategia o proyecto por sí mismo va a ser la solución de nada“.

“Aquí se trata del imperativo de intervenir integralmente. La discusión se ha centrado en torno a este plan, en torno a la cárcel de máxima seguridad que se ha anunciado y algunos otros elementos muy puntuales, pero todos ellos desde el ámbito de la reacción“, aseveró.

Sobre la agudización de los homicidios, la violencia asociada a delitos y la presencia de armas, Mohor señaló que, tal como lo ha indicado la ministra del Interior, Carolina Tohá, este es un problema que se viene gestando en Chile desde hace años.

Por tanto, la especialista llamó a cuestionar las causas que llevaron a este escenario: “Necesitamos aprender qué es lo que no hicimos bien. Al término de la pandemia y con la vuelta a las clases regulares en los colegios, nos alarmamos acerca de los niveles de violencia escolar. ¿Qué hicimos al respecto? Y se preguntarán qué tiene que ver la violencia escolar con la crisis de homicidios, pues el homicidio es la máxima expresión de la violencia como medio para resolver conflictos”.

“Nos alertamos en algún momento por la cantidad de niños, niñas y adolescentes desescolarizados que pertenecen a ciertos segmentos y a ciertos grupos de la población. ¿Qué estamos haciendo para reescolarizar a esos niños y reencantarlos con el sistema educativo? Porque lo que no hace el Estado lo hacen las organizaciones criminales que necesitan mano de obra barata y reemplazable”, declaró.

En esa línea, afirmó: “Podemos llenar las calles de policía, podemos mejorar la coordinación entre las instituciones, que también es algo necesario de hacer, pero si no trabajamos simultáneamente y con tanto o más recursos en hacernos cargo de las circunstancias que están generando el problema, lo cierto es que nos mantenemos en una esfera reactiva“.

En cuanto a las áreas en que se podrían avanzar en materia de seguridad, Mohor reiteró que, junto al aumento en la dotación policial, el país necesita “policías mejor preparados y eso significa asumir la responsabilidad como sociedad de cómo se está formando a nuestros policías, de cuáles son los niveles de especialización de quienes hoy hacen investigaciones, cuánto tiempo llevan investigando homicidios, qué tan expertos son, cómo ha sido su proceso de formación específica en torno a las pericias”.

¿Un Estado de Sitio es la solución?

De manera constante, el mundo político vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una medida de “shock”, entre estas, se discute algún tipo de Estado de Excepción Constitucional. Consultada al respecto, la académica respondió que “ni Estado de Sitio ni militares en las calles en tareas policiales, han sido una respuesta de calidad sostenida a los problemas de seguridad en casi ninguna parte”.

“En Centroamérica los militares empezaron a intervenir a principios de los 2000, no fue por esa vía, en México la intervención militar lleva también varios quinquenios y tampoco ha sido la solución”, expuso.

Mohor planteó que, por ejemplo, pese a que los homicidios vienen incrementando desde el 2016 “el mayor incremento se produjo en el año 2020 y ese año estuvimos bajo estado de excepción y con militares contribuyendo a la seguridad, a propósito de la situación de pandemia, donde además había restricciones muy importantes a la movilidad”.

“No podemos hacer afirmaciones, pero hace pocos años vivimos una situación similar en los hechos, aunque con un trasfondo muy distinto y, sin embargo, se incrementaron los homicidios, en circunstancias que no ocurrieron en la mayoría de los países de la región. Entonces, creo que la prensa también tiene que aprender a no darle más eco, menos en un año y tan cerca de un período electoral, a estas declaraciones que no se sostienen nada más que en pulsiones“, indicó.

Al profundizar en medidas para abordar la denominada “crisis de seguridad”, Mohor reiteró la necesidad de “medidas integrales que aborden de manera reactiva pero también preventiva, que fortalezcan las capacidades técnicas pero también las capacidades humanas y decisiones racionales también a la hora de legislar”.

“Tenemos un festival de proyectos de ley en los últimos años, muchos de los cuales son hasta contradictorios con lo que la evidencia indica en términos de la mejor forma de decidir”, advirtió.

¿Y la estrategia nacional de seguridad?

Respecto a avanzar en una estrategia nacional de seguridad como un instrumento de política pública que dé cuenta de una serie de acciones en diferentes ámbitos o planes, Mohor sostuvo que es lo que hemos tenido “desde el año 2007 para acá. Este gobierno presentó un plan el junio del 2022, ya se anunció también que se estaba trabajando en una política nacional, una política de más envergadura que trascienda administraciones y que oriente las decisiones de mediano y largo plazo”.

En esa línea, para la académica es una herramienta que sirve, pero “en la medida que el contenido cumpla con lo que hemos aprendido”.

“Una estrategia debe ser partiendo por la integralidad, es decir, apuntar a los problemas asociados a la violencia y al delito desde el fortalecimiento de las instituciones, de la coordinación de las instituciones, donde tenemos problemas importantes todavía pese a los avances. Una estrategia tiene que ser integral, sin eso, la estrategia de seguridad va a ser una reacción, no sirve, es insuficiente. Es un problema mucho mucho más complejo que lo que la clase política -haciendo puntos de prensa en periodos electorales- quiere mostrarle a la ciudadanía“, enfatizó.

Así, Mohor relevó que “para la criminalidad organizada, la violencia homicida es principalmente un medio para controlar territorios, para controlar mercado, para reclutar, pero no es un fin en sí mismo”.

“Entonces, tenemos que también dirigir nuestra atención a cuál es ese fin y el fin es lucrativo, por eso esta discusión -que queda un poco opacada por los homicidios de la semana pasada- en torno al levantamiento del secreto bancario, tampoco debiera reducirse a aquello”, dijo.

En ese sentido, la experta en seguridad destacó que existen “acciones más integrales que en alguna medida ya se vienen tomando en relación a seguir las rutas del dinero”. Por lo tanto, “si nos preocupa el contrabando o la internación al país de sustancias o mercancías ilícitas tenemos que trabajar fuertemente en nuestras fronteras con aduanas, pero también hay que preocuparse de aquellas instituciones que cumplen funciones policiales en las fronteras”.