Dieciocho meses después de uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en la historia reciente de Perú, en el que 50 personas y un policía murieron y más de 1,400 resultaron heridas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte y puede resultar vital en las investigaciones en curso, afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

El informe ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú detalla las decisiones clave tomadas por la presidenta como jefa suprema de las fuerzas armadas y la policía de Perú, que ameritan que los fiscales evalúen su responsabilidad penal individual en sus investigaciones en curso.

“La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Aunque la presidenta Boluarte negó bajo juramento ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes y minimizó su papel en la represión estatal, el informe muestra que, durante los tres meses en los que tuvieron lugar las protestas en todo el país, se reunió varias veces con los comandantes de las fuerzas armadas y la policía, lo que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno. Sin embargo, en lugar de utilizar sus frecuentes reuniones con ministros, policías y comandantes militares para este fin, continuó elogiando públicamente a las fuerzas de seguridad mientras vilipendiaba a las personas manifestantes como “terroristas” y “criminales,” sin brindar pruebas de ello.  Además, en vez de pedir cuentas a sus subordinados, decidió ascender a funcionarios clave a puestos más altos, aunque supervisaban directamente las operaciones policiales y militares que causaron múltiples muertes.

En el caso de la Policía Nacional del Perú (PNP), los comandantes policiales firmaron planes de operación que calificaban a las personas manifestantes de “terroristas,” enviaron fuerzas especiales fuertemente armadas encargadas de enfrentarlas, permitieron el uso de la fuerza letal y repitieron estas mismas órdenes durante meses, a pesar de los múltiples asesinatos.

Además, la PNP no pudo proporcionar a Amnistía Internacional detalles de ninguna medida disciplinaria contra los agentes implicados, ya que había archivado al menos 18 investigaciones disciplinarias abiertas contra agentes de policía. Después de supervisar y firmar todos los planes operativos que tuvieron consecuencias letales durante las protestas, la presidenta Boluarte ascendió al general policial responsable de estos planes a Comandante General de la PNP.

Amnistía Internacional obtuvo los planes de operación internos de la PNP y descubrió que, además de mantener el orden público mientras las calles y las instalaciones públicas estaban bloqueadas por las personas manifestantes, la policía recibía órdenes vagas y de amplio alcance, como “eliminar barreras humanas.” Con este fin, la policía fue provista con fusiles y los planes permitían que las unidades con esas armas letales dispararan bajo las órdenes de un jefe operativo. Este marco permisivo para la fuerza letal violó, tanto la legislación peruana como el derecho internacional de los derechos humanos, que señalan que las armas de fuego son inapropiadas para el control de multitudes. Los planes operativos también dejaban claro que los superiores de la cadena de mando estaban constantemente informados y al tanto de lo que estaba sucediendo.

Las operaciones policiales resultaron letales desde los primeros días de su despliegue en las protestas. En Andahuaylas, el 12 de diciembre de 2022, fuerzas especiales de la policía dispararon munición letal desde una azotea hacia un cerro donde decenas de personas observaban una escaramuza entre la policía y manifestantes unos 200 metros más abajo. Los agentes mataron a tiros a dos jóvenes en la ladera de la colina e hirieron a varios más. Amnistía Internacional encontró que los comandantes a cargo de la operación estaban a solo dos cuadras de distancia de donde tuvo lugar el hecho.

Aunque el despliegue de unidades de fuerzas especiales en Andahuaylas fue letal, los superiores continuaron con las mismas tácticas durante meses, sin detener el uso excesivo, desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de sus subordinados. Un mes después de las primeras muertes en Andahuaylas, altos mandos de la PNP decidieron desplegar a los mismos jefes de las fuerzas especiales para supervisar las operaciones en el aeropuerto de Juliaca, donde hubo protestas el 9 de enero de 2023. Dieciocho personas murieron ese día en Juliaca y más de 100 resultaron heridas.

Esta operación se llevó a cabo a pesar de que múltiples organismos internacionales de derechos humanos ya habían condenado las acciones de las fuerzas de seguridad peruanas para entonces. El ejército también ya había sido desplegado en una operación en otra ciudad, semanas antes, en el aeropuerto de Ayacucho, que dejó 10 muertos en un solo día. Sin embargo, los altos mandos de la PNP decidieron volver a involucrar al ejército en la operación conjunta militar-policial en el aeropuerto de Juliaca.

Amnistía Internacional también analizó la cadena de mando y los planes operativos relacionados con el despliegue de las fuerzas armadas en Ayacucho. Los comandantes de las fuerzas armadas clasificaron a las personas manifestantes como “grupos hostiles,” lo que habría provocado una respuesta combativa de los soldados en la operación el 15 de diciembre de 2022, que se saldó con 10 muertes y decenas de personas heridas. Los registros obtenidos por Amnistía Internacional muestran que los soldados dispararon al menos 1.200 balas ese día, en respuesta a “órdenes verbales” de sus superiores.

En Ayacucho, los disparos contra manifestantes indefensas y transeúntes continuaron siete horas el 15 de diciembre de 2022, pese a las llamadas telefónicas personales de la Defensora del Pueblo al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa pidiendo un alto el fuego.

Aunque había amplia evidencia de que las acciones del ejército habían sido excesivas, manifiestamente desproporcionadas e innecesarias, la presidenta Dina Boluarte dijo que sus acciones habían sido legales en una conferencia de prensa dos días después de la operación letal en Ayacucho. Cuatro días después, ascendió al ministro de Defensa a jefe de todo su gabinete. En los meses posteriores a las operaciones en Ayacucho, el ejército solo tomó medidas disciplinarias internas contra ocho soldados por “faltas leves,” a pesar de la amplia evidencia de que los soldados habrían disparado rifles contra personas manifestantes desarmadas, que en muchos casos huían de ellos o se detenían para ayudar a las personas transeúntes heridas.

Los ministros del gabinete presidencial tampoco tomaron medidas para hacer rendir cuentas a personas relevantes de las fuerzas de seguridad. El Ministerio del Interior respondió a una solicitud de acceso a información pública de Amnistía Internacional en la cual confirmó que no se había tomado ninguna medida disciplinaria contra el general a cargo de las operaciones policiales durante las protestas sociales. La organización también obtuvo las cartas enviadas por el ministro del Interior al Comandante General de la PNP sobre las protestas de enero de 2023, en las que no hizo mención alguna de las 18 personas asesinadas en Juliaca durante operativos policiales.

Dieciocho meses después, las investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas avanzan lentamente. A pesar de haber llamado a la presidenta y a los ministros para interrogarlos en varias ocasiones, según la información disponible, los fiscales parecen haber llevado a cabo investigaciones superficiales hasta el momento: simplemente pasando por las formalidades sin llegar al corazón de los hechos, incluida la posible responsabilidad penal individual de la presidenta como jefa suprema de la policía y las fuerzas armadas.

Por otra parte, los fiscales han logrado algunos avances en la identificación de varios policías y militares como sospechosos en investigaciones penales, pero siguen pasando por alto a funcionarios clave de la cadena de mando, especialmente a altos mandos específicos de la PNP, que Amnistía Internacional destaca en su informe.