Hasta el frontis del ministerio de Relaciones Exteriores llegaron organizaciones socioambientales nacionales e internacionales para entregar una carta exigiendo al Gobierno que pague la deuda de casi $32 millones de pesos que mantiene con la Comisión Ballenera Internacional (CBI). Esto, para permitir que Chile tenga derecho a voto en la reunión N°69 de la CBI (22 – 27, septiembre, Lima, Perú) y poder impedir que Japón intente reabrir la caza comercial de ballenas a nivel global, con especial interés en el Hemisferio Sur.

La misiva, que incluye a más de 60 agrupaciones firmantes de 16 países de América, Europa y Oceanía, asegura que la inacción podría costar a Chile -por primera vez en su historia- su derecho a participar del plenario, y solicita que el Gobierno actúe con la máxima urgencia para recuperar el rol que había mantenido el país en la CBI desde 1979.

“Sería lamentable que Chile se viera limitado en su capacidad de participar y contribuir a discusiones cruciales para los intereses de la gran mayoría de los miembros de la CBI. Permitir que esta situación persista dejaría un registro histórico, que marcaría una deuda permanente del actual gobierno con el compromiso hacia la conservación del patrimonio marino y el uso no letal de los cetáceos”, señala el documento.

La directora del Centro de Conservación Cetácea y observadora en la CBI, Elsa Cabrera, recordó que el 27 de marzo pasado realizaron una primer alerta a las autoridades sobre el no pago de la membresía, sin embargo, hasta hoy no han recibido respuesta.

Para Cabrera, además, resulta “inexplicable” que la responsabilidad del pago haya recaído esta vez sobre la subsecretaría de Pesca “siendo que las ballenas no son un recurso pesquero y es más, en Chile las ballenas están protegidas por una ley de protección a los cetáceos. No sabemos cuáles son las razones y por qué se hizo este cambio, que básicamente no ha resultado positivo”.

“Pedimos explicaciones a la Cancillería como organismo con competencia en la CBI, a la subsecretaría de Pesca como organismo encargado del pago, también al Gobierno de Gabriel Boric ‘autodenominado ecologista‘, pero que es la primera vez que en más de 20 años, desde que trabajo como observadora acreditada en la CBI, que un gobierno ha tenido está desidia para saldar su deuda o mantenerse al día con la cuota de membresía de la CBI que hasta ahora ha jugado un rol muy importante en la conservación y protección de los cetáceos”, apuntó.

Organizaciones exigen que Chile pague deuda con la CBI.

Por su parte, el director del Centro Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, sostuvo que “la indolencia del Gobierno de Chile hacia la próxima reunión de la Comisión Ballenera Internacional está facilitando los intentos de Japón de reabrir las operaciones de casa comercial de ballena en el Pacífico Océano Austral y la Antártica, dejando la a puerta abierta al hecho de que esta semana Japón incorporó una nueva especie de ballena a su lista de cacería”.

“Se trata de la ballena de aleta, el segundo animal más grande del planeta después de la ballena azul y que se encuentra en la lista de animales en peligro de extinción. Llamamos a la ciudadanía chilena y latinoamericana a estar alerta y vigilante sobre el accionar de la Cancillería chilena y su relación con la diplomacia del arpón de Japón que ha comenzado un nuevo proceso expansionista en los océanos pacífico austral y la antártica y utiliza la caza de ballena como la punta de su arpón geopolítico”, añadió.

En tanto, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), sostuvo que “al parecer esto ya no es una desprolijidad de algún organismo del Estado o de algún funcionario que se le olvidó pagar esta cuota. Se empieza a configurar esto como una decisión política que llama mucho la atención puesto que quiebra con una convicción histórica expresada en la política internacional de Chile, respecto de la protección de las ballenas, va en contra de la anunciada política turquesa que el gobierno ha planteado a nivel de la comunidad internacional”.