Tras la revelación del sueldo de $17 millones que recibía la candidata al municipio de Las Condes, Marcela Cubillos, como docente de la Universidad San Sebastián, diversos cuestionamientos surgieron durante esta jornada contra la ex ministra de Educación, además de acciones por parte de parlamentarios y parlamentarias para aclarar esta situación que concierne a la casa de estudios privada.
Así, la mañana de este lunes Cubillos defendió públicamente su remuneración y apuntó a las voces del oficialismo que la criticaron: “En Chile hay libertad de trabajo y contratación”. También, detalló las labores que realizaba en la institución de educación superior y cómo las compatibilizaba siendo integrante del centro de estudios Libertad y Desarrollo, y con su cargo de ex convencional constituyente.
Al respecto, la también postulante a edil por la misma comuna, Constanza Schönhaut (FA), emplazó a Marcela Cubillos para que pueda dar respuesta “concretas y directas” a los cuestionamientos que han surgido por su contratación millonaria en una institución que además esta asociada al caso Hermosilla.
“Ante un eventual caso de financiamiento irregular a la política, como se ha acusado públicamente, la respuestas deben estar a la altura. Necesitamos terminar con la cultura de la opacidad en los municipios y también necesitamos terminar con el aprovechamiento de unos pocos con los recursos que les corresponde a todas y a todos. Marcela Cubillos no puede seguir traspasando las responsabilidades, ni ofenderse porque la ciudadanía le pide explicaciones respecto a recursos que son de interés público, debiese dar una respuesta a la altura”, sostuvo.
Asimismo, el diputado (FA) Gonzalo Winter señaló que: “El problema no es que Marcela Cubillos sea profesora, de hecho eso está bien. El problema es que es la profesora y la académica mejor pagada del país, sin serlo. Nos dice que tiene investigaciones, cuando en realidad los libros que tiene son o participaciones en determinados capítulos de propaganda política, o un libro que es derechamente propaganda política y que ni siquiera tiene bibliografía. Por lo tanto, evidentemente, no puede contar como investigación académica”.
“Ella responde que no es un problema nuestro, que no nos metamos ahí, porque es una decisión autónoma de la Universidad San Sebastián, lo que nos lleva al punto central, que es el financiamiento de la educación superior. Porque la Universidad San Sebastián recibe recursos del Estado a través de becas y también a través de compra de deudas del CAE. Es decir, el sueldo de Marcela Cubillos es el arancel mensual de 26 estudiantes de esa casa de estudios. Pero si esos estudiantes no pueden pagar, es el Estado, los contribuyentes, los que terminan pagando eso”, afirmó.
De esa manera, la bancada del Frente Amplio ofició a la Superintendencia de Educación para que aclare los contratos, recursos públicos y funciones que realizaba Marcela Cubillos como también Felipe Ward, Andrés Chadwick y Diego Schalper en el plantel de educación privada.
En la misma línea, la bancada del PS anunció la creación de una Comisión Investigadora sobre este caso, además solicitarán a la Superintendencia de Educación investigar a la Universidad San Sebastián.
El diputado (PS) Nelson Venegas aseveró que: “Ayer nos enteramos de la contratación de la docente Marcela Cubillos, con un sueldo exorbitante, sin tener trabajos de investigación, extensión, clases o realización de libros. Deja un claro y evidente manto de dudas respecto a cómo está operando esta universidad. El Estado financia a esta institución a través de los ingresos por el CAE y con esas platas se podría estar financiando a figuras políticas de la derecha, como es el caso de Cubillos. Toda esta situación es muy oscura y debe ser investigada”.
A su vez, el parlamentario (PS) Jaime Naranjo enfatizó que “lo más grave de todos estos hechos que hemos estado conociendo es que ante los ojos de la opinión pública queda claramente expresado que la Universidad San Sebastián se ha transformado en una asociación ilícita que ocupa recursos del Estado para el financiamiento político. Emplazamos en este momento a la institución y a su rector, Andrés Chadwick, a que le den explicaciones al país”.
Cabe señalar que finalmente la Superintendencia de Educación Superior ofició a la Universidad San Sebastián para que “informe y circunscriba estos hechos de público conocimiento y ponga a su disposición los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de cinco días hábiles”.
Esto, pues la Superintendencia “tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento de la normativa interna y de la legislación vigente por parte de todas las instituciones de educación superior del país y utilizará los instrumentos que la ley le confiere para ese fin”.
