A casi dos semanas de un nuevo aniversario del denominado “estallido social”, la Encuesta CEP reveló una importante disminución en el apoyo ciudadano a las manifestaciones del 2019. En particular, los últimos resultados del Centro de Estudios Públicos arrojaron que solo un 23% de los encuestados aprueba el movimiento, en comparación con el 55% que lo respaldaba en diciembre de aquel año.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el sociólogo e investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Matías Bargsted, analizó dichos resultados y cómo la percepción de la ciudadanía hacia las protestas del 18 de octubre de 2019 cambió con el pasar de los años. “De forma continua y sostenida se ha ido deteriorando la valoración del estallido social”, reflexionó.

“Hoy lo que tenemos, que la gente más valora, y la CEP lo reafirma con una contundencia impresionante, es la seguridad. El control del orden público, volver a tener la sensación de paz y tranquilidad en espacios públicos”, explica el también profesor del Instituto de Sociología de la Universidad Católica en relación a los resultados de la encuesta.

Por lo anterior, la ambivalencia en torno a las manifestaciones del 18 de octubre de 2019 afectan en la actual visión que se tiene de ellas, según el especialista.

“Fueron marchas muy masivas, muy pacíficas, pero también hubo un clima de violencia bien agudizado. La escasez de seguridad en el presente, golpea de forma negativa la evaluación retrospectiva del estallido”, sostuvo el sociólogo.

La otra arista de la Encuesta CEP respecto del estallido social tiene que ver con su impacto. El 50% de los encuestados consideró que fue “malo/muy malo” para el país. Aunque a Bargsted le hubiese gustado que el análisis incorporara un detalle en dimensiones más específicas, como la influencia en el clima político o sobre las prioridades de la población. Así, opinó que: “A la luz de las preocupaciones que hoy abruman a la ciudadanía, el estallido empalidece”.

“Se lee el estallido desde los lentes del tema de la seguridad y ahí hay una visión negativa, crítica. Que el estallido podría significar muchas cosas, pero también mucho desorden, mucha violencia”, analizó Bargsted.

A su vez, el especialista pone la lupa sobre aquellas demandas que derivaron en las protestas de octubre de 2019 y que hoy siguen presentes en la ciudadanía. “En la Encuesta CEP, sobre los problemas más importantes, efectivamente está primero la delincuencia, segundo el narcotráfico, pero tercero y a pesar de la monotonía de la agenda pública chilena con la delincuencia, persiste con mucha fuerza el tema de las pensiones”, apuntó.

“Eso ha persistido. Detrás viene salud y educación, que son esas preocupaciones en ese lado más ciudadano del estallido, de reivindicar el acceso a servicios públicos de alta calidad para la población”, remarcó Bargsted. “De hacer un esfuerzo más distributivo para que toda la población tenga mejor acceso a pensiones dignas, a un buen sistema educacional, a una atención de salud de calidad”, enumeró en torno a las consignas en el estallido social que siguen vigentes.

El sociólogo también se refirió a otro de los factores que han influido en esta percepción más negativa del proceso. “La materialización institucional de muchas de las demandas asociadas al estallido tuvieron un final catastrófico”, mencionó en alusión a los fallidos procesos constitucionales.

De esa manera, el investigador del COES manifestó que los esfuerzos de expresar “institucionalmente” -a través de los intentos de cambio de Constitución- las reivindicaciones del mundo indígena, medioambientales, de igualdad de género y muchas otras en materia social, al tener un “mal final”, provocó que las personas tomaran distancias de las manifestaciones del 2019.