A través de un comunicado, diversas organizaciones sociales se pronunciaron respecto de la conmemoración de los cinco años del estallido social ocurrido el pasado 18 de octubre de 2019.

Dentro de las organizaciones firmantes (35 en total) se encuentran la Comisión Chilena de Derecho Humanos, la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Víctimas de Trauma Ocular, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otras.

En el texto, los firmantes señalan que “a cinco años de la revuelta social de octubre de 2019, nos encontramos viviendo una ofensiva de las fuerzas conservadoras y neofascistas, que promueven políticas regresivas en materia de avances democráticos y de derechos humanos a nivel global”.

En esa línea sostienen que “en Chile, esta realidad se expresa en las trabas permanentes a cualquier cambio orientado a mejorar las condiciones de vida de la población profundizando las desigualdades, así como en el respaldo de leyes y prácticas represivas especialmente enfocadas en la criminalización de las justas demandas de estudiantes, pobladores y del pueblo mapuche”.

Al respecto, recalcan que “el objetivo de esta narrativa es inhibir la justa lucha del pueblo de Chile por lograr transformaciones sociales que terminen con el injusto orden social heredado de la dictadura cívico militar y administrado luego por sucesivos gobiernos”.

Por lo mismo, las organizaciones subrayan que “a cinco años de la Revuelta Social, reivindicamos la plena vigencia de las demandas por cambios estructurales y un nuevo modelo de sociedad que termine con la concentración del poder económico, el abuso institucionalizado y la injusta desigualdad, abriendo paso a la recuperación de la soberanía política a través de una Nueva Constitución legítima en su origen, que permita el ejercicio de la soberanía económica a través de la recuperación de las riquezas básicas, permitiendo superar el actual Estado Subsidiario que constituye un obstáculo insalvable para el debido resguardo y garantía de los derechos humanos”.

Respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante este periodo, el comunicado sostiene que “la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la revuelta social, sigue consolidándose con la complicidad del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Parlamento así como la mayoría de los partidos políticos, a pesar de que organismos especializados, tanto a nivel nacional como internacional, continúan interpelando al Estado y sus instituciones, a cumplir con la normativa internacional de Derechos Humanos, que garantiza a las víctimas y a la sociedad toda, el acceso a la Justicia y a una digna Reparación”.

Sobre ese punto, responsabilizan al Presidente Gabriel Boric de “desestimar su compromiso de realizar una reforma profunda de Carabineros, institución policial responsable de la gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas, respaldando además férreamente a su Director General, Ricardo Yáñez Reveco, imputado en numerosos procesos judiciales y ante la Corte Penal Internacional, al igual que Sebastián Piñera y otras autoridades responsables de la represión”.

Finalmente, el texto agrega que “a cinco años de la Revuelta Social de octubre, las organizaciones firmantes reiteramos tanto la legitimidad de la protesta social, como la plena vigencia de las demandas que dieron origen a este proceso, reflejo de las duras condiciones en que la mayoría de los chilenos y chilenas vive cotidianamente, sin acceso a derechos básicos”.

Puedes leer la declaración completa acá.