Finalizadas las elecciones municipales y regionales, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue citada a diferentes comisiones en el Congreso Nacional para abordar temáticas relativas a seguridad pública, como también para referirse al caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Así, el lunes la secretaria de Estado participó de una sesión secreta de la Comisión de Control Inteligencia de la Cámara Baja, junto al subsecretario del Interior, Luis Cordero, y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, para entregar información sobre la revisión de cámaras de seguridad que ordenó Monsalve previo a la denuncia.
También, la titular de Interior fue convocada a la Comisión de Seguridad respecto del mismo caso y este martes deberá asistir a las 19:00 hrs. junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a la sesión especial de la Cámara de Diputados y Diputadas que tiene por objetivo “conocer mayores antecedentes en relación con la presunta participación del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en el delito de violación perpetrado en contra de una funcionaria gubernamental”.
La instancia fue fijada por la presidenta de la mesa directiva de la Cámara Baja, Karol Cariola, a solicitud de 63 diputados y diputadas, y deberán asistir los miembros de las distintas bancadas de la Corporación.
Al ser consultado este martes por esta seguidilla de convocatorias para la ministra Tohá, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, afirmó que “el Ejecutivo siempre ha sido muy claro en que el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, tiene facultades constitucionales legítimas”.
“Lo único que el Gobierno ha señalado es que el ejercicio de las mismas tienen que ser de modo responsable, en este caso en particular, porque la discusión no sólo es política, sino que involucra una investigación penal. Creo que es conveniente, especialmente, que no olvidemos que acá hay una víctima respecto de la cual hay que tener respeto también”, aseveró.
Asimismo, el subsecretario Cordero se refirió a la revisión de los gastos reservados asignados a la Subsecretaría del Interior, de los que podría haber hecho uso el exsubsecretario Monsalve. “Nosotros hasta ahora no tenemos ningún indicio de mal uso, porque está en proceso de revisión, en cualquier caso, los antecedentes que están vinculados al uso de los gastos reservados serán comunicados a quienes correspondan, que es al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados en el caso de la Comisión de Inteligencia”, aseguró.
Por su parte, la jefa de bancada de RN y diputada, Ximena Ossandón, explicó que en la sesión especial, se a votar la creación de la Comisión Investigadora, la que buscará fiscalizar los actos del Gobierno relacionados con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que tengan relación con el caso Monsalve.
“Es nuestro deber y tenemos que usar las herramientas constitucionales que a nosotros se nos permiten, justamente, para fiscalizar este tipo de actos. No podríamos asegurar que tenemos los temas absolutamente claros porque cada día que va pasando van apareciendo nuevas antecedentes. Pero todo lo que tenga relación con el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer, van a ser suministros que van a ir entrando en esta Comisión Investigadora”, subrayó.
Cámara Baja aprueba manifestar su preocupación al Presidente por “errática reacción” ante el caso Monsalve
Por 59 votos a favor, 41 en contra y 10 abstenciones la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de acuerdo presentado por la bancada de Renovación Nacional (RN) para manifestar “su profunda preocupación” por la política gubernamental en contra de la violencia hacia la mujer, que “carece de seriedad y consistencia”, tras la reacción del Gobierno en el caso de Manuel Monsalve.
En ese sentido, la parlamentaria Ossandón señaló en la Sala que “la denuncia contra Manuel Monsalve por su eventual participación y responsabilidad en el delito de violación ha remecido no sólo al Gobierno, sino que toda la sociedad, puesto que la violencia contra la mujer y en particular las agresiones que atentan contra su indemnidad y libertad sexual son un tópico aún pendiente de resolución en Chile (…) El caso del exsubsecretario Monsalve remece la opinión pública y nos recuerda que más que consignas y slogan la protección de las mujeres depende de medidas concretas y políticas serias y permanentes“.
“En este marco de crisis y cuestionamientos al rol estatal en la defensa y protección de las mujeres victimas de violencia, la respuesta que debe manifestar la ministra de la Mujer y Equidad de Género es fundamental, puesto que su rol está justamente encaminado a lograr la sensibilidad en torno a esta temática y a ejecutar acciones concretas en resguardo de los derechos de las mujeres”, agregó.
Por el contrario, la diputada PS, Ana María Bravo, defendió la gestión del Ejecutivo y sostuvo que este proyecto de acuerdo es un “aprovechamiento político en contra de las mujeres de nuestro país, desconociendo políticas públicas que incluso han sido reconocidas por diputadas de la oposición y que también se han trabajado responsablemente en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Equidad de la Género”.
Así, la militante del PS destacó las políticas para erradicar la violencia contra la mujer que se han llevado a cabo por el Gobierno y mencionó las leyes impulsadas por el Ejecutivo en la materia: La Ley Karin (Ley 21.643), la Ley Antonia (Ley 21.523), la Ley por el derecho a una vida libre de violencia (Ley 21.675), entre otras.
“El llamado es a no dejar de valorar todo el trabajo que se ha realizado, esto no puede ser un aprovechamiento político y unas pasadas de cuentas en contra de la ministra Orellana, que ha impulsado seriamente y en forma transversal en un trabajo responsable y participativo la protección de las mujeres y avanzar en la equidad de género“, enfatizó.
Con la aprobación de este proyecto, el Presidente Gabriel Boric deberá dar respuesta e informar a la Cámara de Diputados y Diputadas dentro de los próximos 30 días.