En medio del debate sobre el salario mínimo en Chile, la CUT ha planteado un concepto distinto: el de salario vital. Es en ese espíritu que se había propuesto un itinerario donde el sueldo mínimo fuera llevado, mediante aumentos graduales, a un millón de pesos al año 2030. Como señala el ministro Marcel, el análisis debe tener anclaje en la realidad material, porque no se puede dar lo que no se tiene, pero es cierto que también hay condiciones no técnicas -políticas, históricas y de relaciones de poder en Chile- que determinan que la discusión se dé en este marco y no en otro.

No se trata, por lo tanto, de un debate solo sobre cifras, sino que entraña la pregunta sobre si podemos hacer el análisis desde otro paradigma. Mientras el sueldo mínimo representa un piso legal muchas veces insuficiente para llegar a fin de mes, el salario vital -inspirado en el desarrollo de las capacidades humanas planteado por el premio nobel de Economía, Amartya Sen- propone que el ingreso de una persona trabajadora no solo cubra lo básico, sino que le permita una vida digna, plena y participativa. Este cambio de enfoque, por lo tanto, no se puede dar solo en los ámbitos técnico y económico, puesto que además interpela a lo ético y a los avances civilizatorios.

Sin embargo, no podemos desatender que esta discusión no se da en el aire, sino en un contexto nacional donde hay que abordar dos dimensiones: por un lado, la evolución objetiva de la economía y, por otro, lo  profundamente desigual de lo subjetivo, es decir, quiénes tienen voz y poder para orientar el debate. El sector empresarial, beneficiado por el modelo instalado durante la dictadura, ha acumulado un poder que trasciende lo económico. Hoy incide de forma decisiva en la opinión pública a través de su propiedad directa de medios de comunicación, fundaciones, think tanks y lobbies que operan con eficacia para moldear el marco de lo “razonable”. Así, cualquier propuesta que cuestione el statu quo es rápidamente calificada de inviable o extremista, como ocurrió previsiblemente con la propuesta de la CUT.

Esta discusión, también, está determinada por una institucionalidad laboral que dificulta activamente la organización colectiva. En Chile, los mecanismos de negociación son débiles, la cobertura sindical es baja, no hay negociación centralizada y los sindicatos enfrentan trabas estructurales que los vuelven frágiles. Esta precariedad institucional contribuye a perpetuar una estructura salarial que impide el desarrollo humano de sectores significativos de la población. Sobre la base de esta constatación, sería saludable abrir la discusión respecto al salario vital en su dimensión inevitablemente económica, pero además en sus otras aristas válidas, incluyendo la de una interpelación política, cultural y ética que nos lleve a preguntarnos qué tipo de sociedad chilena queremos construir hacia el futuro.