El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) nos explica que la desnutrición en los seres humanos es un estado patológico causado por la falta de nutrientes que provoca daños físicos y cognitivos irreversibles, es decir, a largo plazo, frenando el desarrollo físico y mental de quienes lo padecen.

Un país también puede caer en desnutrición y sufrir las consecuencias nocivas a largo plazo que eso conlleva. La regresiva-agresiva agenda económica del gobierno del Presidente Kast y del Ministro Quiroz tiene efectos inmediatos en el desfinanciamiento de los derechos sociales y también los tendrá en los años venideros al interrumpir políticas públicas que costará tiempo reconstruir.

Aunque se desdijo en campaña, Kast comenzó a gobernar por decreto, aplicando de forma anticipada su reforma tributaria, creando el espacio presupuestario para rebajar los impuestos a los amigos del Presidente y a algunos de sus ministros. A 48 horas de haber asumido, el Gobierno instruyó el Plan de Ajuste Fiscal, recortando el presupuesto vigente de todos los ministerios y advirtiendo que se trataba de medidas con efectos de largo plazo. Luego decidió no aplicar el MEPCO, provocando un alza en los combustibles y encareciendo el costo de vida, para posteriormente orientar nuevos recortes de carácter permanente en la formulación del Presupuesto 2027.

Una circular filtrada dió cuenta del alcance de los planes de la administración Kast para los próximos años. De especial gravedad es la recomendación respecto a descontinuar el Programa de Alimentación Escolar, lo que luego fue desmentido por las propias autoridades, pero que sin embargo sigue plasmada en el documento emanado del Ministerio de Hacienda, que por cierto conserva plena validez jurídica, por lo que el derecho humano a la alimentación de centenares de miles de niños está en riesgo.

Conforme lo advierte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, el derecho humano a una alimentación adecuada es crucial para el disfrute de todos los derechos, como el derecho a la vida y el derecho a la salud. En ese mismo sentido, la Observación General N°12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas explica que se trata de un derecho vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es inseparable de la justicia social, pues requiere de la ‘“adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos”.

En el presente, el Gobierno ya recortó un tercio del Plan de Fomento de la Lectura en la Primera Infancia, del presupuesto para los ajuares del Programa de Apoyo al Recién Nacido, del apoyo a las Oficinas Locales de la Niñez, del Programa de Formación Artística Temprana, de los Liceos Bicentenario, del equipamiento de los liceos técnico profesionales, más enormes recortes que han paralizado numerosos proyectos de mejoramiento de infraestructura para salas cunas, jardines infantiles y colegios.

Estos ahorros de dudosa moralidad son condición indispensable para aplicar la denominada megarreforma o Ley de Súper Ricos, cuyo único efecto comprobable es que el Estado dejará de recaudar cerca de 4 mil millones de dólares como consecuencia de la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración tributaria, y la exención de contribuciones para las familias más adineradas, entre otros privilegios.

Para el 1% más rico es una vuelta de mano con un regalo generoso que pretende durar 20 años, para el 99% restante es una amenaza y un ataque artero a los derechos fundamentales más esenciales: salud, educación y protección a los niños de hoy y del futuro.

La megarreforma vulnera los derechos humanos y en especial los de niños, niñas y adolescentes al restringir su acceso a la alimentación, salud y de educación.

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) , en su carta al Senado sobre el mal llamado proyecto de reconstrucción nacional, recordó que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 2° exige a los Estados Partes utilizar el máximo de los recursos disponibles para la realización progresiva de estos derechos y la plena efectividad de los derechos reconocidos. También indicó que las políticas tributarias deben evitar “efectos regresivos” que puedan profundizar desigualdades o restringir la disponibilidad de recursos necesarios para la realización de los derechos humanos. No es casual la referencia expresa del documento presentado por la oficina regional de ACNUDH a algunas de las medidas de la reforma como “la reducción de la tributación empresarial, la eliminación de gravámenes aplicables a determinadas rentas de capital, los mecanismos extraordinarios de declaración de bienes en el exterior y los regímenes de invariabilidad tributaria para grandes inversiones.”

En ese sentido, la Observación General N°3 de 1990 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que las medidas “deliberadamente regresivas” requieren la más cuidadosa consideración y deben justificarse plenamente; mientras que la Declaración del Comité del 38º período de sesiones del año 2007 observa que cuando se adoptan medidas de carácter regresivo, corresponde al Estado Parte probar que la decisión pertinente se basó en el examen más exhaustivo posible. Señala expresamente que en caso de que un Estado Parte aduzca “limitaciones de recursos” para explicar cualquier medida regresiva que haya adoptado, el Comité examinará dicha información atendiendo a las circunstancias específicas de cada país y sobre la base de criterios objetivos.

Del mismo modo, UNICEF, en respuesta a la solicitud que formulamos varios diputados y diputadas sobre las preocupaciones respecto a la orientación del Gobierno de descontinuar el Programa de Alimentación Escolar, expresó la importancia de promover el fortalecimiento y la eficiencia de la inversión en niñez y adolescencia, tanto por su impacto directo en el bienestar y desarrollo de niños, niñas y adolescentes, como por su contribución al desarrollo social y económico de los países, añadiendo que se debe garantizar la coherencia de las decisiones presupuestarias con el marco de derechos vigente.

Según la Encuesta Casen 2024 uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes vive en pobreza multidimensional y uno de cada diez en pobreza extrema. Las consecuencias de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno del Presidente Kast como parte de la megarreforma en niños, niñas y adolescentes aún no son cuantificables; pero no cabe duda que aumentarán la brecha de desigualdad, lo que tendrá efecto en la pobreza infantil.

De esta forma, el debilitamiento de las prestaciones de salud y educación a niños, niñas y adolescentes como consecuencia de los recortes presupuestarios de la megarreforma tendrán impactos permanentes. De acuerdo a un informe del Observatorio Niñez de la Fundación Colunga “las experiencias vividas en estos primeros años pueden amplificar o reducir significativamente las desigualdades, e influyen de manera desproporcionada en la salud, el aprendizaje y la integración social futura.”

La pregunta que debemos hacer al Presidente Kast y al Ministro de Hacienda es si se justifica sacrificar el presente y el futuro de la infancia en función de incrementar los privilegios de las grandes fortunas, pues si la megarreforma se sostiene en el tiempo tendrá consecuencias tan graves como la desnutrición. Será una enfermedad de la que, aunque como país nos “recuperemos”, siempre sufriremos sus efectos, y como en la desnutrición, será una generación completa de infancias que por la privación que sufrieron hoy, afectarán sus proyectos vitales en su adultez.

Los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes están en juego. Por ello, no podemos olvidar que la soberanía popular está intacta para cambiar, más temprano que tarde, las leyes injustas que despojan de sus derechos a la población.