Cuando la DINA instaló en Villa Grimaldi el Cuartel Terranova, el más perverso crimen de lesa humanidad que implementó de manera sistemática y organizada fue la desaparición forzada de personas. Eligieron este lugar por su ubicación estratégica, al lado del Aeródromo Tobalaba, desde donde despegaron los vuelos de la muerte, que a su vez se enmarcan en el Plan Cóndor; alianza represiva transnacional constituida por las dictaduras de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, sumándose posteriormente Perú y Ecuador. Esta red secreta de inteligencia secuestró, torturó, asesinó e hizo desaparecer a miles de opositores políticos a las dictaduras del Cono Sur.

El año pasado, el gobierno anterior entregó a los familiares las carpetas de calificación de víctimas de la dictadura, que reunían los antecedentes sustentaron el Informe Rettig. Tuvieron que pasar 35 años desde el término de la dictadura civil-militar para que esta documentación por fin llegara a las familias. Así también, de manera tardía, ha actuado la justicia, dejando pasar décadas desde que se cometieron los crímenes hasta la condena de sus responsables.

Se dice que más vale tarde que nunca, pero también conocemos de primera mano la impunidad biológica: mueren los perpetradores sin recibir condenas; mueren las familias, las y los sobrevivientes, sin obtener verdad. En mi caso, me tocó retirar la carpeta del compañero de mi madre, Hugo Daniel Ríos Videla, detenido desaparecido desde el 14 de febrero de 1975. Al igual que la gran mayoría de los detenidos desaparecidos, su destino final se desconoce hasta el día de hoy.

En esos documentos pude reconocer la cara más vil de la humanidad, por ejemplo, cuando los agentes del Estado niegan descaradamente su detención. Pero también vi su lado más solidario: en el trabajo realizado por la Vicaría de la Solidaridad, en los testimonios de compañeras valientes que prestaron declaraciones que luego fueron esenciales para obtener algo de justicia y, en especial, en la lucha larga y sostenida que dieron los familiares.

Mi madre Teresa murió hace diez años. Y cuando retiré esa carpeta, pensé que era ella quien debía recibirla, no yo. Ella, como tantas y tantos otros, murió sin saber la verdad. Y esa verdad la sigue desconociendo la sociedad chilena en su conjunto.

¿Cómo se vive con heridas tan profundas?

Son heridas que entran en latencia y cuya gravedad a veces tendemos a minimizar. Pero se manifiestan y trascienden generaciones. Esa huella del pasado reaparece hoy como un aviso: cuando los valores democráticos se erosionan, cuando se instala en el debate público el falso dilema entre seguridad y libertad, y estamos dispuestos a ceder derechos en busca del orden, hacer memoria se vuelve indispensable. Es cierto: la memoria por sí sola no garantiza la democracia; entre ambas no hay una relación causal y directa, sino un camino complejo y contradictorio.

Frente a ese desafío, ejercemos nuestro derecho a recordar

Recordamos que en Chile se torturó e hizo desaparecer a personas usando el aparato del Estado. Recordamos que, bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional y su política del enemigo interno, la dictadura persiguió a opositoras y opositores políticos y acusó de terroristas a quienes sostenían ideas distintas a las suyas. Recordamos la invención de cargos falsos contra luchadores sociales en el pasado reciente, una práctica que sólo encuentra cabida y se afianza allí donde hay concentración y abuso de poder.

Porque cuando el Estado pierde sus contrapesos e incumple su misión central de garantizar los derechos civiles, políticos y sociales de la ciudadanía, termina por socavar el principio de la dignidad humana; su fundamento en la igualdad y la libertad.

Todas y todos queremos sentirnos seguros. Pero eso no puede lograrse vulnerando el derecho a un juicio justo, a la privacidad, a la libre circulación o a la reunión. Esto es autoritarismo, y el autoritarismo abre el camino a la implementación de políticas de Estado represivas y violatorias de los derechos humanos. Si bien la historia no se repite, sí rima, y hoy esa rima tiene que ponernos en alerta.

Es por eso que desde el ex Cuartel Terranova, hoy sitio de memorias Parque por las Paz Villa Grimaldi, reivindicamos el derecho a la memoria, como uno de la más alta relevancia. Seguiremos ejerciendo el rol que nos compete desde la sociedad civil organizada, luchando para que los sitios de memorias y organizaciones de derechos humanos continúen vivas, realizando la vital tarea de educar en derechos humanos y pedagogía de la memoria, al mismo tiempo que contribuyen a la reparación simbólica y a los procesos de verdad, justicia y garantías de no repetición, tareas urgentes en la actualidad.