El 23 de agosto pasado el ministro de Defensa, don Fernando Barros Tocornal, en una entrevista dada al Diario Financiero, hizo una serie de afirmaciones respecto de los riesgos que amenazarían a la unidad nacional, derivados de la existencia de una legislación que tiene que ver con distintos grupos étnicos, que sería un “caldo de cultivo” de “conflictos internos”. Sobre la marcha, afirma que Chile es un país uninacional, y que el concepto de Plurinacionalidad sigue vigente como factor de división entre los chilenos; ello a propósito del Convenio 169 de la OIT y de la denominada Ley Lafkenche que, estima, deben ser eliminados de nuestro ordenamiento.

Esta entrevista la dio en su condición de ministro, y no de simple ciudadano. Lo hizo en su condición de ministro encargado, ni más ni menos, que de proponer al Presidente de la República la política de defensa nacional. Creo que sus palabras no fueron prudentes. Me voy a referir a los aspectos históricos, sociológicos, jurídicos y políticos de sus afirmaciones.

Desde el punto de vista histórico, al momento en que Chile declara su independencia del Reino de España, no existía la nación chilena. Aquí, primero fue el Estado y luego la Nación. Fue el Estado el que, con su acción de dos siglos, dio existencia a la Nación como imaginario colectivo; en otras partes del mundo, primero fue la Nación y después fue el Estado, como sucedió en los casos de Alemania e Italia.

Al momento de la Independencia, el pueblo mapuche fue invisibilizado en la nueva institucionalidad; no obstante el reconocimiento del padre de la patria, don Bernardo O’Higgins, y el Tratado de Tapihue, celebrado por el Estado de Chile y los dirigentes mapuche el año 1825. Por lo tanto, la institucionalidad posterior reconoció que en el nuevo Estado había pueblos anteriores a su creación.

Sobre el particular, recomiendo al señor ministro los siguientes libros:

1. “Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX”, del historiador don Mario Góngora, Premio Nacional de Historia del año 1976;
2. “Crónica Militar de la Conquista y Pacificación de La Araucanía, desde el año 1859 hasta su completa incorporación al territorio nacional”, del teniente coronel don Leandro Navarro;
3. “La Formación del Estado y la Nación y el Pueblo Mapuche: de la Inclusión a la Exclusión”, del historiador don Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia el año 2012;
4. Artículos, columnas de opinión y publicaciones del profesor don Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, donde toca diversos temas en relación a los pueblos indígenas y el Estado de Chile. El profesor Peña es uno de los intelectuales más notables en la actualidad de nuestro país.

Desde el punto de vista sociológico, el ministro sostiene que Chile es un país uninacional, no obstante que actualmente existen unos 2 millones de migrantes; cifra acrecentada a partir del año 2017, compuesta por venezolanos, colombianos, haitianos, peruanos y otros, y poco más de dos millones de chilenos que se declaran pertenecientes a los pueblos originarios. Todo ello, de acuerdo a cifras oficiales.

Estos últimos integran 11 pueblos, reconocidos por la Ley del Estado número 19.253, del 5 de octubre de 1993. Formalmente, no hay un reconocimiento expreso a la plurinacionalidad –después del escándalo que se armó en la primera Convención Constitucional–. Pero la realidad social y política es más fuerte, y se encuentra presente en nuestra vida común. Por lo demás (según estudios de las Naciones Unidas) en el mundo, de 200 estados, el 90% corresponde a estados plurinacionales, compuestos por naciones, pueblos, grupos étnicos; y miles de idiomas, lenguas y dialectos, que dan cuenta de la diversidad de la humanidad, desde los tiempos del Homo sapiens en la sabana africana, cuando se expandió por el mundo.

Esa es la realidad sociológica. El concepto de Nación, por su parte, nace con la Revolución Francesa, cuando se cambia la soberanía del rey por la soberanía nacional, o la soberanía del pueblo, por la acción fuerte y sostenida del Estado francés, no obstante la existencia –dentro de sus fronteras– de franceses, bretones, gascones, vascos, catalanes, occitanos, alsacianos y corsos, presentes hasta el día de hoy, y sin contar con los miles de migrantes provenientes de sus antiguas colonias, como fueron testigos millones de personas en el último mundial de fútbol. Las palabras del ministro me recuerdan al abate Grégoire, ante el Comité de Instrucción Pública, en el año 1793. Sobre toda esta materia hay, por supuesto, abundante literatura.

Desde el punto de vista jurídico, el Convenio 169 se dicta por la OIT como una segunda etapa del Convenio 107, también de la OIT. Y ¿por qué una Organización del Trabajo de las Naciones Unidas, se hace cargo de este tema? Porque después de la Primera Guerra Mundial y la Sociedad de las Naciones –y su sucesora la ONU– hasta la década del 50 del siglo XX no existía un Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas, y éstos eran tratados como campesinos (asalariados–pobres). Por ello, es la OIT la que dicta el Convenio 107, antecedente directo del Convenio 169.

Naturalmente, a partir de entonces nace el Derecho Internacional Público de los Pueblos Indígenas, u originarios, donde estos pueblos adquieren personalidad política propia y dejan de ser tratados como asalariados.

Este Convenio 169 cumplió con todos los trámites de la legislación para convertirse en tratado obligatorio, conforme al Artículo 54 número 1 de la Constitución Política, y aprobado por el Tribunal Constitucional, que rechazó el requerimiento de un grupo de diputados que impugnó por el uso del concepto de pueblo, declarando dicho Tribunal que ello no atentaba contra la Constitución Política. Ha pasado además todos los tests de la Corte Suprema y Tribunales de Alzada.

El ministro alega que pocos países, 24, lo han suscrito; y esto es así, porque no todos los estados tienen pueblos indígenas. Los países desarrollados (como Canadá, Nueva Zelanda y los países escandinavos) tienen estándares superiores al Convenio 169, como que los pueblos originarios son socios y codueños en distintas proporciones de los proyectos de desarrollo –como pesca, minería, energía y otros– con los empresarios de dichos países. Y respecto de la Ley Lafkenche, su retraso se debe a la inacción del propio Estado en el cumplimiento de los trámites y plazos. Bien harían las empresas salmoneras, en experimentar una asociatividad con las comunidades lafkenches en la costa chilena.

Desde el punto de vista político, al ministro le corresponde, en conformidad con lo dispuesto en la Ley 20.424, proponer la Política de Defensa Nacional. De ahí que resultan insólitas sus declaraciones, en tanto una política de defensa debe propender a la máxima unidad del país, y no estigmatizar a un sector social, aunque no sea de su agrado; sector social cuya existencia histórica, a despecho de visiones personales, es imposible negar, como lo reconoce por lo demás no sólo la academia, sino el ordenamiento jurídico nacional.

El ministro parece desconocer entonces el enorme aporte que han hecho los pueblos originarios, en tantos miles de hombres y mujeres de ese origen han formado, y forman parte de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería en Chile.

Y aquí me tomo una licencia personal. Hace 100 años, mi padre estaba haciendo su servicio militar en el Regimiento Húsares de Angol; para posteriormente, y ya en la Escuela de Infantería, participar en la Guerra Civil de 1931, en cumplimiento del juramento que había hecho de servir a la patria, cumplir las órdenes de sus superiores y dar la vida si fuere necesario.

Lo que atenta y pone en riesgo la unidad nacional no es la rica diversidad humana, sino el racismo, el clasismo, la exclusión, la pobreza, las desigualdades, la intolerancia y la falta de oportunidades de los sistemas políticos, sociales y económicos.