El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acogió parcialmente la reclamación que interpuso el Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y a Flora, CODEFF.

El pasado 28 de marzo, CODEFF presentó este texto en contra de la resolución de calificación ambiental del SEA de la región de Magallanes, que aprobó Mina Invierno. Esta última es la primera de las seis minas a rajo abierto que contempla el proyecto de extracción de carbón en Isla Riesco.

El Consejo de Ministros confirmó la calificación ambiental positiva para el proyecto Mina Invierno el 12 de Agosto de 2012, aunque incorporó parcialmente las reclamaciones interpuestas por CODEFF y otros organismos.

Sin embargo, el detalle de lo resuelto por el Consejo de Ministros, instancia máxima de reclamación del  Servicio de Evaluación Ambiental, fue conocido por las organizaciones sociales cuando ya habían transcurrido más de tres meses. Recién este 15 noviembre, el servicio emitió una respuesta oficial.

Finalmente, el SEA sólo acogió los puntos referidos a los estudios de las especies en peligro mencionadas en el recurso. Claudia Silva, directora ejecutiva de CODEFF, explicó a Radioanálisis que la empresa deberá señalar los alcances (duración y contenidos) de los reportes sobre el huemul y el carpintero y, sobre la base de los resultados, la minera estará obligada a comprometer medidas de conservación.

“Decían que no había evidencia de su presencia, pero sí la hay. Con nuestra insistencia ellos se comprometieron a hacer un estudio en esa línea y han ido avanzando de a poco. Primero realizando una investigación sobre los huemules que puedan estar en sus predios, pero la verdad es que una especie de ese tamaño ocupa mucho más que eso y no reconoce las fronteras puestas por límites legales. Este tipo de análisis corresponde presentarlos previamente como parte de la línea de base con la que se evalúa el proyecto, pero ellos no hacen eso”, aseguró la ambientalista.

Las reclamaciones que no fueron consideradas se relacionan con la deficiente línea de base que tenía el proyecto y solicitaba un aumento del área de compensación.

Claudia Silva agregó que no utilizarán el camino de la apelación para revisar lo que quedó pendiente.

“No tenemos intenciones de hacerlo y consideramos que en el contexto político en el que se aprobó este proyecto estamos contentos de lo que hemos logrado. También hemos dialogado con la empresa directamente y nos interesa fiscalizar que todos estos aspectos se cumplan a cabalidad, que los resultados de los estudios sean abiertos al público y realizados por científicos y personas que sean de reconocida trayectoria y que no sea una cosa oculta. Esta empresa tiene muchos predios y pretende seguir explotando otros después de este”, aseguró.

En este escenario, la organización considera lamentable que  se aprueben iniciativas que no proveen la información básica sobre las especies y ecosistemas a impactar.