Gonzalo Díaz del Río figura en los informes de Transparencia de Gobierno como “Coordinador Regional de la Región Metropolitana”, cargo que le reporta una renta mensual de 3.333.333 de pesos. No obstante, su título de técnico pesquero del Centro de Formación Técnica Zipter no se condice con las funciones que hoy ostenta en Intendencia, donde incluso ha subrogado a la titular Cecilia Pérez.

Casos como Díaz del Río fueron denunciados por un medio electrónico, el que revela millonarias remuneraciones a asesores de la Subsecretaría de Prevención del Delito, una división creada por la administración de Sebastián Piñera, donde hoy se emplea a militantes que no cuentan con antecedentes idóneos para la posición que registran.

En su defensa, el aludido declaró que el servicio público “es un sacrificio”, y que renunció al mundo privado, donde ostentaría mejores ganancias. “Tengo nueve hijos y créanme que se hace difícil pagar nueve colegios con tres millones”, declaró.

Estadio Seguro
Otro ejemplo es Felipe Achondo, coordinador del plan Estadio Seguro que eliminaría la violencia en los estadios, cuyos antecedentes previos son la presidencia de la rama de fútbol de Club Universidad Católica, equipo donde el Subsecretario Cristóbal Lira tenía acciones en la Sociedad Anónima, al menos hasta que ambos ingresaron al servicio público.

Lo grave es que Achondo recibe una renta de 5,6 millones de pesos, la más alta en el departamento después del subsecretario, y su informe curricular registra sólo la Licencia de Enseñanza Media, aun cuando el aludido indicó ser ingeniero de la U. Diego Portales.

Las críticas no se hicieron esperar, Patricia Morales, Directora Ejecutiva de la Fundación Progresa, señaló que son éstas las irregularidades que explican la improvisación del Gobierno en materia de seguridad.

“Lo que ha sido uno de los pilares en este Gobierno es la seguridad y la prevención, pero tenemos una cartera en la que muchos asesores no tienen experiencia, eso es grave porque el diseño de las políticas públicas no se improvisa. Uno tiene que tener experiencia en la materia, sobre todo en materia de seguridad ciudadana, los conocimientos no se improvisan. Hay expertos en la plaza, en distintas organizaciones, entonces no es necesario recurrir a personas que trabajaron en un club de fútbol, eso es impresentable”, indicó.

Los rumores de cuoteo político surgen luego de difundirse esta información, aun cuando acabar con éstas prácticas fue una de las promesas del candidato Sebastián Piñera. Peor aún, la situación se relaciona con las cifras negativas en el combate a la delincuencia.

Otra de las incómodas posiciones en este caso es la cercanía del presidente de Renovación Nacional, senador Carlos Larraín, con dos de los involucrados en la denuncia.

El presidente del Partido Socialista, diputado Osvaldo Andrade, manifestó su indignación por el hecho, y calificó de un bochorno la situación para el Gobierno. El parlamentario ironizó con la situación al citar las rutinas humorísticas que hoy incomodan al Mandatario.

“Me merece no sólo el mayor reproche sino que me indigna, este gobierno fue enfático en decir que las cosas iban a ser de otro modo, que éstas son prácticas anteriores. Pero uno se entera que sigue sucediendo, entonces la nueva forma de gobernar no sólo constituye un bochorno, sino que constituye el más malo chiste de Kramer”, declaró el parlamentario.

Otros casos incluidos en el informe señalan a Oscar Díaz Bustamante, militante UDI que no tiene investigaciones sobre delincuencia, pero ejerce como Coordinador Nacional de la División de Seguridad Pública, con una renta cercana a los 3 millones de pesos. O Alonso Castillo Bastías, quien sólo tiene Licencia de Enseñanza Media y recibe más de 2 millones por el mismo trabajo que Felipe Achondo, en el plan contra violencia en los estadios.