Un informe técnico de evaluación del año 2011 del área de arqueología del Consejo de Monumentos Nacionales advertía que “el  rally Dakar constituye una actividad altamente dañina para el patrimonio arqueológico e histórico del país”.

La competencia se desarrolla en territorio nacional desde el año 2009.  Y ésta conclusión obedece a la experiencia de las tres competencias ya efectuadas (2009, 2010 y 2011), y habiendo realizado dos evaluaciones anteriormente.

Gastón Fernández, Consejero del Consejo Monumentos Nacionales manifestó que “no tenemos nada contra el Dakar ni las competencias deportivas pero lo que no queremos es que se arrasen con zonas protegidas”.

El experto sostuvo que “nuestro subdesarrollo no es económico sino cultural. En otros países se protegen los monumentos, en el desierto hay huellas de pobladores primitivos, caravanas milenarias, monumentos arqueológicos, panteológicos. Y de acuerdo a la ley de Monumentos Nacionales,  son propiedad del Estado de Chile, quien debe protegerlo”.

Según los datos del informe, “la mayoría de los sitios más vulnerables, y los que sufrieron mayor afectación, se ubican en las regiones de Arica, Iquique y Antofagasta”.

En él se proponen medidas de mitigación como información de la existencia de sitios arqueológicos e históricos en la hoja de ruta de los competidores, instalación de estacas, que cumplen el papel de señalizar las áreas con prohibición de acceso para los participantes del rally, entre otras.

Pero también medidas de compensación: registro más exhaustivo de 24 sitios que corresponden sólo al 4,3% del total de sitios identificados y registro exhaustivo de 18,5 Km de huellas.

El texto concluye que  en ese año “no se adoptó medida de compensación alguna. Lo anterior porque no se obtuvo respuesta del interlocutor, el Instituto Nacional de Deportes, como organizador de esta competencia deportiva, respecto de la disponibilidad de los recursos necesarios para ejecutar las actividades requeridas”.

Gastón Fernández fue más allá y aseguró que se deben seguir otras reglas ambientales, y apuntó que “si se piensa en un Rally 2013, sería partidario de exigir un estudio de impacto ambiental para el trazado, para el lugar donde pasan las caravanas de camiones. No se puede relevar de esto a una organización de un encuentro deportivo, menos extranjero”.

Precisamente, esta semana se presentó además una denuncia por una persona particular en el juzgado de Pozo Almonte debido a estos daños al patrimonio. La acción tiene adjunto los detalles del informe del Consejo.