A diferencia de un grupo de parlamentarios Demócrata Cristianos que proponen la derogación de la Ley de Seguridad del Estado (LSE), los ecologistas y los funcionarios del Ministerio del Interior plantean realizar modificaciones sustanciales a esta norma.

Israel Campusano, secretario de Desarrollo Social del Partido Ecologista explicó que el gran problema es que una ley que debe defender al país de flagelos como el paramilitarismo o el terrorismo, está construida desde una perspectiva autoritaria que criminaliza  la protesta social.

“Se puede aplicar arbitrariamente, porque  no están bien tipificados los delitos ni tampoco la autoridad tiene la obligación de justificar cuando aplica esta ley. Además, si aplica la ley erróneamente, el único que sufre es la víctima de este error, que se constituye  en un abuso pero no hay sanciones tampoco para la autoridad”, sostuvo Campusano.

El dirigente ecologista añadió que la LSE vulnera las garantías procesales de quienes son imputados por la misma y no ofrece formas de enfrentar al Estado cuando este la invoca errónea o arbitrariamente.

Campusano indicó que, si bien, “los países necesitan una Ley de Seguridad del esatdo odos los países necesitan una legislación para su protección, ésta debe definirse democráticamente, sin que se utilice para “coartar la manifestación social, amedrentar o utilizarse de forma antojadiza”. Por lo mismo, propondrán un amplio debate nacional al respecto, “con todos los sectores políticos, de izquierda a derecha, para poder llegar a un consenso, porque nos parece que la propuesta de derogar esa ley no es viable”.

Durante esta sema el Partido Ecologista y los funcionarios del ministerio del Interior y Seguridad Pública, entregarán la propuesta al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la comisión de la Cámara de Diputados que aborda estas materias.