Magistrado prepara informes sobre medidas cautelares por nulidad de licitación del litio
La Corte de Apelaciones debería recibir, a principios de la próxima semana, el informe del ministro Jorge Dahm, con las razones por las que el magistrado rechazó decretar una medida cautelar en contra del proceso de licitación del litio que impulsó el Gobierno y que se adjudicó la compañía SQM. La decisión del Tribunal de Alzada se podría conocer a fines de octubre, misma fecha en la que la empresa firmaría el contrato de explotación. Dependerá de la lectura que efectúen en la vulneración o no de garantías constitucionales.
Jueves 27 de septiembre 2012 21:04 hrs.
Entre martes y miércoles de la próxima semana debería estar listo el informe del ministro Jorge Dahm, con los argumentos por los que rechazó el recurso de protección presentado por el abogado Patricio Zapata.
El requerimiento del jurista, patrocinado por parlamentarios de oposición y trabajadores del cobre, busca anular el Decreto Supremo 16 con el que el Gobierno impulsó la licitación del litio, a través del contrato especial de operación de este mineral.
Luego de que el ministro Dahm rechazará en doble instancia la medida precautoria, la Corte de Apelaciones decidió acoger el requerimiento de hecho con el que insistió el abogado Zapata.De esta manera, el Tribunal de Alzada deberá analizar el documento del ministro Dahm y luego abrir un espacio de debate en torno a la pertinencia de la apelación presentada por el jurista y los congresistas.
Si esta decisión es favorable, se iniciarían las intervenciones procesales en torno a la legalidad del proceso de licitación. Un trámite que según confirmó el abogado Patricio Zapata, “puede durar varios meses”, para lo cual “se pide a los tribunales que paralicen el proceso de licitación mientras se discute el fondo. Por eso la medida se presentó en julio, pedimos de inmediato las medidas precautorias y esperamos que pronto, antes que se firme el contrato tengamos la decisión de la corte paralizando esto mientras discutimos tranquilamente el fondo”, señaló.
De acuerdo a las bases de licitación, entre el momento en que se identifica la mejor oferta económica y se adjudica, deben trascurrir entre 4 a 6 semanas para la firma del documento. Un escenario que da cierta tranquilidad al abogado, quien subrayó que la rúbrica de la empresa “no es un obstáculo para el éxito de la demanda”.
Zapata se refirió al escenario judicial que se ha creado en torno a la concesión de litio, afirmando que existen varias objeciones al proceso. “Algunos parlamentarios han planteado que hay un problema entre la coherencia de esta licitación y la legislación ambiental y han ido a la contraloría. Otras personas han cuestionado la adjudicación, que la persona o la empresa que se ganó el contrato haya cumplido estrictamente con todos los requisitos”, detalló, aclarando que “la demanda de nulidad que yo patrocino no tiene que ver con la empresa que lo adjudicó si no que se refiere estrictamente al hecho de que los contratos no cumplen con la ley”.
Marcelo Olivares, académico de Derecho Minero de la Universidad de Chile, señaló que el recurso de protección va a depender de sus fundamentos y si, a través de ellos, se puede esgrimir alguna arbitrariedad en contra de garantías constitucionales. El docente precisó que no es posible realizar un pronóstico, ya que la lectura que haga la Corte de Apelaciones de estas posibles vulneraciones, serán las que determinarán la resolución del recurso de nulidad de derecho público.
Entre martes y miércoles de la próxima semana debería estar listo el informe del ministro Jorge Dahm, con los argumentos por los que rechazó el recurso de protección presentado por el abogado Patricio Zapata.
El requerimiento del jurista, patrocinado por parlamentarios de oposición y trabajadores del cobre, busca anular el Decreto Supremo 16 con el que el Gobierno impulsó la licitación del litio, a través del contrato especial de operación de este mineral.
Luego de que el ministro Dahm rechazará en doble instancia la medida precautoria, la Corte de Apelaciones decidió acoger el requerimiento de hecho con el que insistió el abogado Zapata.De esta manera, el Tribunal de Alzada deberá analizar el documento del ministro Dahm y luego abrir un espacio de debate en torno a la pertinencia de la apelación presentada por el jurista y los congresistas.
Si esta decisión es favorable, se iniciarían las intervenciones procesales en torno a la legalidad del proceso de licitación. Un trámite que según confirmó el abogado Patricio Zapata, “puede durar varios meses”, para lo cual “se pide a los tribunales que paralicen el proceso de licitación mientras se discute el fondo. Por eso la medida se presentó en julio, pedimos de inmediato las medidas precautorias y esperamos que pronto, antes que se firme el contrato tengamos la decisión de la corte paralizando esto mientras discutimos tranquilamente el fondo”, señaló.
De acuerdo a las bases de licitación, entre el momento en que se identifica la mejor oferta económica y se adjudica, deben trascurrir entre 4 a 6 semanas para la firma del documento. Un escenario que da cierta tranquilidad al abogado, quien subrayó que la rúbrica de la empresa “no es un obstáculo para el éxito de la demanda”.
Zapata se refirió al escenario judicial que se ha creado en torno a la concesión de litio, afirmando que existen varias objeciones al proceso. “Algunos parlamentarios han planteado que hay un problema entre la coherencia de esta licitación y la legislación ambiental y han ido a la contraloría. Otras personas han cuestionado la adjudicación, que la persona o la empresa que se ganó el contrato haya cumplido estrictamente con todos los requisitos”, detalló, aclarando que “la demanda de nulidad que yo patrocino no tiene que ver con la empresa que lo adjudicó si no que se refiere estrictamente al hecho de que los contratos no cumplen con la ley”.
Marcelo Olivares, académico de Derecho Minero de la Universidad de Chile, señaló que el recurso de protección va a depender de sus fundamentos y si, a través de ellos, se puede esgrimir alguna arbitrariedad en contra de garantías constitucionales. El docente precisó que no es posible realizar un pronóstico, ya que la lectura que haga la Corte de Apelaciones de estas posibles vulneraciones, serán las que determinarán la resolución del recurso de nulidad de derecho público.
Entre martes y miércoles de la próxima semana debería estar listo el informe del ministro Jorge Dahm, con los argumentos por los que rechazó el recurso de protección presentado por el abogado Patricio Zapata.
El requerimiento del jurista, patrocinado por parlamentarios de oposición y trabajadores del cobre, busca anular el Decreto Supremo 16 con el que el Gobierno impulsó la licitación del litio, a través del contrato especial de operación de este mineral.
Luego de que el ministro Dahm rechazará en doble instancia la medida precautoria, la Corte de Apelaciones decidió acoger el requerimiento de hecho con el que insistió el abogado Zapata.De esta manera, el Tribunal de Alzada deberá analizar el documento del ministro Dahm y luego abrir un espacio de debate en torno a la pertinencia de la apelación presentada por el jurista y los congresistas.
Si esta decisión es favorable, se iniciarían las intervenciones procesales en torno a la legalidad del proceso de licitación. Un trámite que según confirmó el abogado Patricio Zapata, “puede durar varios meses”, para lo cual “se pide a los tribunales que paralicen el proceso de licitación mientras se discute el fondo. Por eso la medida se presentó en julio, pedimos de inmediato las medidas precautorias y esperamos que pronto, antes que se firme el contrato tengamos la decisión de la corte paralizando esto mientras discutimos tranquilamente el fondo”, señaló.
De acuerdo a las bases de licitación, entre el momento en que se identifica la mejor oferta económica y se adjudica, deben trascurrir entre 4 a 6 semanas para la firma del documento. Un escenario que da cierta tranquilidad al abogado, quien subrayó que la rúbrica de la empresa “no es un obstáculo para el éxito de la demanda”.
Zapata se refirió al escenario judicial que se ha creado en torno a la concesión de litio, afirmando que existen varias objeciones al proceso. “Algunos parlamentarios han planteado que hay un problema entre la coherencia de esta licitación y la legislación ambiental y han ido a la contraloría. Otras personas han cuestionado la adjudicación, que la persona o la empresa que se ganó el contrato haya cumplido estrictamente con todos los requisitos”, detalló, aclarando que “la demanda de nulidad que yo patrocino no tiene que ver con la empresa que lo adjudicó si no que se refiere estrictamente al hecho de que los contratos no cumplen con la ley”.
Marcelo Olivares, académico de Derecho Minero de la Universidad de Chile, señaló que el recurso de protección va a depender de sus fundamentos y si, a través de ellos, se puede esgrimir alguna arbitrariedad en contra de garantías constitucionales. El docente precisó que no es posible realizar un pronóstico, ya que la lectura que haga la Corte de Apelaciones de estas posibles vulneraciones, serán las que determinarán la resolución del recurso de nulidad de derecho público.
