El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, afirmó que el Gobierno no detendrá la inversión en la zona de la Araucanía, pese a los hechos de violencia ocurridos los últimos días y que, por el contrario, el Presidente Sebastián Piñera solicitó que se acelere el trabajo con el pueblo mapuche.

En este contexto, Lavín propuso que en la entrega de tierras para las comunidades mapuche se establezcan planes de desarrollo en los que “ojalá las comunidades mapuches hagan alianzas con empresas en que pongan la tierra y la empresa las plantas y la siembra”, ejemplificando en que actualmente “hay 100 alianzas productivas, con 12 mil hectáreas de propiedad de la comunidad mapuche trabajando con empresas”, entre las que destacó a tres forestales.

Nancy Yañez, codirectora del Observatorio Ciudadano, indicó que esta iniciativa no va en la línea  con las reivindicaciones territoriales del pueblo originario, que están en abierta contradicción con los intereses privados de la zona.

“Uno tendría que inmediatamente hacerle presente al ministro que la disputa sobre las tierras colisiona absolutamente con los intereses privados en la región. Las empresas forestales ocupan gran parte del territorio y sus intereses económicos sobre el territorio dicen relación con un modelo productivo específico que colisiona con las demandas de los pueblos indígenas a las tierras que reivindican como de su propiedad ancestral”, explicó la abogada.

Asimismo, la codirectora del organismo agregó que todo proyecto relacionado con pueblos originarios debe ser consultado con éstos, según lo que establece el convenio 169 de la OIT. Sin embargo, el mismo ministro Lavín reconoció que este es “un punto que tenemos que resolver, porque ha sido lento, pero porque para avanzar más rápido se requieren cambios legislativos”, agregando que se está trabajando en este aspecto con los pueblos indígenas.

Para Nancy Yañez el problema de lo planteado por el ministerio de Desarrollo es que parte viendo el conflicto mapuche como un asunto netamente económico, malentendiendo las razones de la pobreza en la región.

“Hay un fórmula recurrente de decir que esto es un problema de pobreza y que se resuelve por la vía de inyectar recursos públicos, que permitan superar estas condiciones. Si bien hay una situación de pobreza y es necesario establecer políticas destinadas a superarla, esta pobreza se ha generado por la pérdida de espacios territoriales y el control sobre los recursos”, indicó la especalista.

Por su parte, el director del Programa de Derechos Indígenas de Chile 21, Domingo Namuncura, rechazó las afirmaciones Joaquín Lavín, quien señaló que “esas tierras que se entregan tienen un montón de restricciones. No se pueden arrendar, ni vender. Si no pueden conseguir créditos, no se puede dejar la tierra en garantía”.

Namuncura aseguró que esto es parte del artículo 13 de la Ley Indígena, establecido como un derecho fundamental, que “se cerró toda intencionalidad de terceros para continuar con una forma de despojo de las tierras indígenas”, justamente, en vías de resolver un problema que se dio por siglos y que es la causa de la pérdida de los territorios mapuche.

No obstante, según el ex director de Conadi “la derecha todos estos años ha reclamado que ese candado que se puso en la ley es contraproducente, porque se trata a los indígenas como ciudadanos que no tienen derecho a hacer uso de su propiedad, pero ellos no entienden que  en la cosmovisión indígena la tierra no es objeto de propiedad ni de intercambio comercial. La tierra tiene un valor sagrado, según el  Ngenechén es un préstamo que hace la naturaleza”.

Namuncura agregó que este tipo de iniciativas solo resultan utilitarias y asistencialistas, reiterando que no responden a lo que han planteado históricamente las comunidades mapuches en relación al conflicto por la propiedad de las tierras en La Araucanía