La Fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado Croquevielle, recomendó aprobar la extradición del ciudadano argentino Otilio Irineo Roque Romano Ruiz, requerido por su país por su participación en delitos de lesa humanidad entre los años 1976 y 1983 en su país.
En su informe de más de un total de 109 páginas la fiscal Maldonado determinó que se cumplen los requisitos para enviar a Otilio Romano Ruiz por considerarlo como responsable de: 34 delitos de privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas; 26 delitos de privaciones ilegítimas de libertad; 36 delitos de torturas, un delito de allanamiento ilegal y un delito de denegación de justicia, previsto en el artículo 274 del Código Penal argentino.
La determinación de la fiscal Maldonado considera que en esta etapa procesal, de acuerdo al artículo 274 del Código de Procedimiento Penal chileno bastan que existan presunciones fundadas de participación para acceder a la petición de la justicia trasandina.
“De ese conjunto de antecedentes se desprende inequívocamente que se produjeron las detenciones irregulares y desapariciones de las personas, y que motivan la petición, como asimismo que se verificaron en la ciudad de Mendoza las detenciones irregulares de los ciudadanos individualizados, del mismo modo que respecto de varios de ellos se le infringieron torturas, y que se practicaron los allanamientos ilegales denunciados, que se dictaron resoluciones que en los hechos impidieron que se investigará tanto las situaciones precedentes, como respecto del paradero de menores arrebatados a sus padres durante el periodo de secuestro o detención irregular”, opina la fiscal.
Agrega que: “Es menester señalar que los hechos que dan origen a los delitos investigados y algunos ya sancionados en Argentina, respecto de otros intervinientes, indudablemente fueron cometidos con la participación de múltiples personas, por cierto constituidos en verdaderas asociaciones ilícitas, y en ese sentido corresponde determinar el rol que jugó cada sujeto activo para que esos hechos se consumaran y/o se intentase que se mantuvieran en la impunidad. Eso es precisamente lo que debe ser materia del juicio de fondo en Argentina, respecto de sus ciudadanos, y es lo pretendido a través de esta petición”.
El informe de la fiscal Maldonado, que es sólo una recomendación, fue remitido al ministro instructor Sergio Muñoz Gajardo quien deberá emitir el fallo de primera instancia, sentencia que luego debe ser confirmada o revocada por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema antes de acceder o denegar el pedido.
