Hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acudieron el joven César Reyes; su padre, Roberto Reyes, y el abogado Rodrigo Román, para presentar una querella por torturas, incomunicación ilegal y delitos informáticos, cometidos supuestamente por miembros de la Policía de Investigaciones el pasado 8 de mayo.

Ese día, según el relato de César Reyes, al término de la última marcha convocada por los estudiantes, cuatro detectives, sin identificación, lo subieron a un vehículo, donde lo golpearon repetidamente.

Posterior a eso, lo trasladaron a un cuartel de la PDI donde más funcionarios policiales se sumaron a las torturas. Inclusive lo obligaron a abrir su cuenta de Facebook para conocer sus afinidades políticas.

Tres informes, elaborados por un médico general, un dentista y un otorrinolaringólogo, acompañan este recurso judicial, el que fue detallado por Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular.

“Tenemos la esperanza de que en los próximos días se designe un fiscal especial para que investigue dicha situación y que se aplique el máximo de la sanciones penales, porque no podemos permitir que el Estado policial se sobreponga al Estado de derecho y tal cual lo señaló el juez Guzmán la semana pasada, la policía vuelva a las viejas prácticas que son más propias de una dictadura”, expresó Román.

Roberto Reyes, padre del joven estudiante del liceo Barros Borgoño, indicó que “el fin último de nosotros es que el personal de la Policía e Investigaciones que participó en estos hechos sea cesado de sus funciones y entregado a la justicia, para que esta determine cuál es el delito que cometieron”.

En tanto, César Reyes recordó que durante este año y el 2012, varias denuncias de apremios ilegítimos han acompañado una serie de manifestaciones estudiantiles, por lo que espera que su caso sirva para detener este tipo de procedimientos.

“Durante todos estos años ya han ocurrido casos similares al mío donde no se había mediatizado tanto y no se ha condenado a los responsables de ello y han quedado totalmente impunes. Creo que este podría ser un antecedente que vendría a significar que cese la impunidad contra los oficiales que hacen estas prácticas contra los estudiantes”, manifestó.

Desde el Parlamento también reaccionaron a este caso. Los diputados de oposición Tucapel Jiménez y Gabriel Silber, mandatados por la comisión de Derechos Humanos, se reunieron con el director general de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez.

En el encuentro, el funcionario policial confirmó el inicio de una investigación interna, la que debería, a su vez, determinar si se da curso o no a un sumario. Sólo si esta indagatoria determina la existencia de procedimientos fuera de la ley, se daría de baja a los detectives involucrados.

Esta pesquisa se suma a la ordenada por el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, que mandató a la Fiscalía Centro Norte indagar la posible configuración de los delitos de secuestro y torturas en el caso de César Reyes.