A las 11 horas de este martes se inició la ocupación de las dependencias del ministerio del Interior ubicadas en la calle Agustinas frente al Palacio de La Moneda. 28 horas después los manifestantes abandonaron la medida de presión.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, reclamaba al subsecretario Rodrigo Ubilla por falta de voluntad, ya que sólo hacía falta su firma para dar trámite a 58 querellas en su poder desde el año pasado.

Luego de conversaciones con Claudia Alemparte, asesora de la subsecretaría, se acordó la firma de 13 querellas y el compromiso de 35 rúbricas más a fin de mes, con lo que se depuso la movilización. Sin embargo, esto no dejó del todo conforme a Alicia Lira.

“Es realmente agotador e indignante que, a 40 años, todavía tengamos que hacer presión para algo que es tan legítimo y que es un derecho de las víctimas del terrorismo de Estado, para nosotros no es un triunfo sino que solamente queríamos denunciar este hecho”, agregó la dirigente.

Previamente se había acusado al subsecretario Ubilla de ser un “cómplice pasivo de la impunidad”. Además, queda como materia de preocupación la solicitud del ministerio del Interior de pedir los nombres de los abogados del programa que pasaron la noche en la toma.

Esto fue considerado como una forma de amenaza o amedrentamiento, pero en la AFEP aseguran que los funcionarios resolvieron en una asamblea quedarse y acompañar a la agrupación de forma voluntaria.

En torno a esto, manifestaron su apoyo desde la bancada de diputados del PS, donde aseguran que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está al debe en materia de DDHH y desde otros partidos políticos, según explicó el diputado Fidel Espinoza “creemos de que este gobierno está al debe en la práctica, en materia de derechos humanos y esta manifestación no es más que la muestra del desencanto que existe con esta administración que ha demostrado ser absolutamente insensible al tema”, aseguró.

La toma se hace además, en medio de las declaraciones del capitán del Buque Escuela Esmeralda Juan Andrés de la Maza, que dijo que la represión y las torturas de la dictadura “en el pasado quedan”, dando nuevas muestras de que parte de la sociedad aún se resiste a las acciones en pos de la verdad y justicia histórica.

Relacionado con esto, ecologistas solicitaron al ministerio de Defensa cambiar el nombre del buque madre de submarinos de la Armada, llamado Almirante José Toribio Merino. Así también pidieron remover la estatua del otrora miembro de la Junta Militar de Gobierno.

Luis Mariano Rendón aseguró que la Armada ha sido particularmente renuente a avanzar en este tema “lo que hemos visto es que, incluso a diferencia del Ejército que algún tipo de reconocimiento ha hecho, la Armada ha sido permanentemente renuente a reconocer su responsabilidad, la cual está acreditada en el Informe Rettig y nos parece muy lamentable que esta institución no de los pasos concretos.

Rendón agregó que es necesario es necesario hechos concretos y simbólicos para avanzar en la reconciliación del país.