El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos emitió una declaración pública, a propósito de los 40 años del Golpe Militar en Chile, donde destaca que “la preservación y circulación de la memoria sobre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y su inclusión en la educación y formación a todos los niveles, incluidas las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, pueden garantizar que nunca más en Chile vuelva a imponerse la intolerancia y la fuerza”.

El documento subraya además que “las causas de este cruento desenlace siguen dividiendo a los chilenos y provienen de una crisis integral que la sociedad chilena venía padeciendo desde mediados del siglo pasado. El golpe de Estado abrió paso a la instauración de una dictadura que dejó una profunda huella en el país”.

Al margen de las consecuencias políticas y económicas, el INDH señala que “es indudable que una herencia acreditada de ese régimen fue la sistemática violación de los derechos humanos que afectó directa e indirectamente a miles de personas. La tortura, ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada y el asesinato, constituyen crímenes que afectan a la conciencia de la humanidad y que merecen la condena absoluta por parte de todos los actores de la vida nacional. Sin perjuicio de las diversas interpretaciones y legítimas diferencias que existían del contexto previo al 11 de septiembre de 1973, nada justifica las graves violaciones a los derechos humanos que cometieron agentes del Estado o particulares -con la tolerancia de éste- contra miles de chilenos y chilenas”.

En esta línea, el INDH hace un llamado a “adoptar medidas para avanzar en dicho sentido, y a todos aquellos quienes tengan información sobre las circunstancias y lugar donde pudieran encontrarse los personas que fueron objeto de desaparición forzada y ejecución arbitraria, a entregarla dando una señal de humanidad”.

Al cierre, el texto apunta que “no debemos olvidar que la tarea por la vigencia efectiva de los derechos humanos es permanente. En democracia emergen otros desafíos y otras amenazas, que afectan a quienes convivimos en nuestro país. En consecuencia, construir una cultura de respeto a los derechos humanos es un deber ineludible de todos y todas, así como de las instituciones y órganos públicos en un Estado de Derecho”.