Durante la jornada del jueves se llevaron a cabo los alegatos finales de la apelación de segunda instancia por la desaparición de tres ciudadanos uruguayos durante la dictadura chilena.

Ariel Arcos, Enrique Pagardoy y Juan Povaschuk fueron detenidos por carabineros poco después del golpe de Estado, cuando pretendían cruzar la frontera con Argentina. Los acompañaban dos mujeres y un hombre, también uruguayos. Los testimonios indican que fueron entregados al Ejército y que estuvieron detenidos en el Regimiento Ferrocarrileros Nº 7, de Puente Alto. Todos debían partir al Estadio Nacional, pero un militar dio la orden de que ellos tres se quedaran en el regimiento y nunca más se supo de su paradero.

En la audiencia, el ex comandante Mateo Durruty Blanco fue condenado en primera instancia. Los otros cinco acusados, todos militares, fueron absueltos. Los defensores de la causa de los uruguayos creen que hay elementos suficientes para revertir las absoluciones y, de no lograrse, anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema.

El abogado Cristián Cruz destacó la presencia de Rodolfo Camarosano, embajador de Uruguay, durante la audiencia, un hecho inédito ya que desde 2010 no había concurrido ningún embajador a estos procesos en Chile, en los que los familiares de las víctimas suelen estar lejos, no tienen recursos o no se manifiestan.

Camarosano, que llegó a Chile hace un mes, destaca que los derechos humanos son “una prioridad”.

Respecto de la causa de otros dos de los nueve uruguayos desaparecidos en la dictadura chilena, testigos aseguran haber visto a Juan Cendán y Alberto Fontela en centros de detención antes de su desaparición. Es por ello que la causa, que permanece en etapa de investigación, deberá reactivarse, quedando en manos del juez Mario Carroza.

El 25 de septiembre se colocará una placa en la Embajada de Uruguay en Santiago, en homenaje a los nueve desaparecidos en Chile.