La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago María Loreto Gutiérrez, presentó ante la fiscal judicial de la Corte Suprema Mónica Maldonado Croquevielle, el informe que detalla la visita semestral realizada al penal Cordillera, efectuada este lunes 23 de septiembre.

En el documento se detallan las condiciones en las que viven los diez presos de este penal, diez miembros de la DINA condenados por violación a los derechos humanos. Se destaca que, pese a su avanzada edad, están de buen ánimo, condición autovalente y son visitados por sus familiares, aun cuando manifiestan una molestia por la lejanía de sus abogados.

En su momento, el abogado de DDHH Nelson Caucoto calificó este recinto como “un hotel cinco estrellas”, y un informe de Amnistía Internacional señaló como “inaceptables” estas condiciones de privilegios. Este es el penal con mayor cantidad de gendarmes por interno, además de recibir la mayor asignación del Estado para su mantención, que bordea los 50 millones de pesos mensuales.

El informe detalla que, debido a diálisis, los internos son trasladados tres veces por semana al Hospital Militar, ubicado a cinco minutos de este centro penitenciario. Debido a ello, se estudia la opción de trasladar dos internos de Punta Peuco a este penal, en función de facilitar sus respectivos traslados por su tratamiento de diálisis.

Estos antecedentes serán considerados por el Ejecutivo, que estudia el cierre del Penal Cordillera, y trasladar estos diez presos al penal Punta Peuco, ubicado en la comuna de Til-Til.

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Ministerio de Justicia rechaza asado de camaradería a Miguel Krassnoff

El “asado de camaradería” que pretende realizarse en el penal Cordillera, donde 10 personas cumplen condena por violaciones a los derechos humanos, no cuenta con autorización de Gendarmería y, por lo tanto, no podría ser realizado.

Así lo confirmó la ministra de justicia, Patricia Pérez, quien afirmó que, de recibirse una solicitud en las próximas horas, “es una situación que tiene que evaluar Gendarmería”.

“Claramente estamos hablando de un recinto penal, no estamos hablando de un hotel o un lugar en el que las personas puedan hacer lo que quieran. Por lo tanto, obviamente es una situación que, si se llega a plantear, hay que ingresarla a Gendarmería, que es lo que ocurre conforme al régimen interno, pero la normativa es tremendamente clara en torno a que solamente se pueden realizar aquellas acciones que estén de acuerdo con el régimen penitenciario”, explicó la ministra.

“Sin prejuicio de que es algo que tiene que analizar Gendarmería como servicio responsable, a mí me parece que claramente escapa de lo que es propio del régimen penitenciario y no corresponde”, agregó.

La celebración organizada por un grupo de adherentes aspira festejar al brigadier Miguel Krassnoff, ex agente de la DINA condenado a más de 120 años de presidio por las innumerables detenciones, interrogatorios, torturas, ejecuciones y desapariciones de los detenidos en el cuartel Simón Bolívar y Villa Grimaldi durante la dictadura.

“En contraste con el resto de las unidades penales, donde hay alrededor de 50 mil personas recluidas, ellos jamás van a tener la posibilidad de acceder a beneficios de ese tipo, lo cual a nosotros nos parece aberrante y evidentemente es una abierta discriminación con el resto de la población penal, con lo cual no estamos de acuerdo”, expresa Joe González, Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (ANSOG).

En ese mismo sentido, el diputado DC Gabriel Asencio califica esta pretensión como “una afrenta a los chilenos, a todo el resto de las personas que están privadas de libertad y también una burla al propio Presidente de la República”.

“Es el Presidente Sebastián Piñera quien ha puesto el acento en que no es posible mantener los privilegios que tienen allí en el Penal Cordillera. Entonces, no es posible que estos ex militares ostenten todavía un cierto poder”, critica el parlamentario.

Cabe recordar que el Presidente está evaluando el cierre del Penal Cordillera y el traslado de los diez internos a Punta Peuco, debido a los altos costos en la mantención de ambas cárceles exclusivas para condenados por delitos de lesa humanidad.

Pero para Joe González es necesario también el cierre de Punta Peuco, donde cumplen condena otros 25 violadores de los derechos humanos. “Entendemos y sabemos que existen otras unidades penales que reúnen las suficientes condiciones tanto de seguridad como de segregación de la población penal para albergar a este tipo de personas. Aquí en Chile no tiene por qué haber presos de primera o segunda clase, acá hay una igualdad ante la ley”, asegura.

A esta solicitud se suma el diputado PPD Tucapel Jiménez, quien solicitó al Presidente Piñera estudiar la posibilidad de que “el penal de Punta Peuco termine con sus privilegios y se transforme en una cárcel pública, debido a que es por todos conocido el hacinamiento que existe en las cárceles chilenas. Sería la mejor opción para que de una vez por todas en nuestro país exista igualdad ante la ley y se utilicen las dependencias de ese recinto carcelario en beneficio del mejoramiento del sistema penal chileno”.

El ministro de defensa, Rodrigo Hinzpeter, manifestó estar a la espera de la decisión del Presidente, la que podría conocerse durante los próximos días. Respecto de la solicitud de degradar a los militares que cumplen condenas por derechos humanos, el secretario de Estado descartó esa posibilidad, ya que hacerlo no se encuentra en nuestra legislación.

“Cuando se pide que se degrade a quienes fueron condenados por violaciones a los derechos humanos, uno está expresando un sentir respecto del repudio que generan estos delitos y en eso compartimos el rechazo a las violaciones a los derechos humanos. Pero no está dentro de las facultades ni de las Fuerzas Armadas ni del Ministerio de Defensa ni de nadie aplicar la sanción de degradación , porque no existe como fórmula en nuestro ordenamiento jurídico”, aseveró.

El penal Cordillera es el que tiene mayor cantidad de gendarmes por interno y el gasto público por cada uno de ellos es diez veces mayor al costo de un reo en cualquier otro centro penitenciario del país.