El anuncio presidencial del cierre del penal Cordillera ha generado inmediatas reacciones desde todos los sectores. El traslado hacia la prisión de Punta Peuco de los militares que cumplen condena -por perpetrar delitos de lesa humanidad- en el exclusivo recinto, ha sido motivo de críticas y halagos a nivel nacional.

El presidente Sebastián Piñera defendió la decisión, aclarando que “los presos del penal Cordillera están ahí por cometer gravísimos crímenes”.

“Esto no es contra las Fuerzas Armadas. Las personas que están presas en el penal Cordillera no lo están por ser miembros de nuestras Fuerzas Armadas, sino que por haber cometido gravísimos delitos contra los derechos humanos de otros chilenos. Y por lo tanto no confundamos las Fuerzas Armadas, que merecen todo mi respeto, con criminales que atentaron contra los derechos humanos que tienen que cumplir con las penas que la justicia ha determinado”, expresó.

Por su parte la ministra de Justicia, Patricia Pérez, aseguró que la fecha de traslado se mantendrá en reserva por motivos de seguridad.

“Gendarmería tiene que evaluar y aplicar ciertos criterios logísticos y es por eso que, por razones de seguridad, cuando se materialice en los días que corresponda, de acuerdo a los protocolos de seguridad, se va a realizar. Pero no es una materia que en este minuto se encuentre afinada”, aseguró.

“El reglamento permite la situación de Punta Peuco” agregó la fiscal Mónica Maldonado.

“Efectivamente tienen ciertos privilegios, sobre todo lo que he pedido tanto, que los internos tengan un horario de desencierro de nueve horas, sino que más grande, para poder realizar talleres y recibir sus visitas. El ideal sería que todos los internos de Chile estuvieran en una cárcel como Punta Peuco”, explicó.

Las molestias declaradas por parte de los familiares de los presos del penal de Peñalolén, se trasformaron en un recurso de protección contra el presidente Piñera, la orden de no innovar –de modo de impedir el traslado- fue interpuesta en Tribunales por el abogado de Manuel Contreras y de la Corporación 11 de Septiembre, René López, quien aseguró que  es “una decisión arbitraria” y que el presidente “tortura psicológicamente a los internos”.

Para el defensor, la medida fue pensada desde mucho antes de la entrevista que diera el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida como  DINA, a los medios de comunicación.

“No es gracias a eso. Las presiones, que yo las vengo escuchando en los pasillos de Tribunales hace más de seis meses, que tenían que sacarlos de aquí y después llevarlos a Punta Peuco y luego mandarlos a cárceles comunes como en Argentina. Pero lo que sí puedo decir es que traicionados no, defraudados sí, porque nadie esperaba esto. Si no hubiese sido por los votos de la familia militar, Piñera no es presidente”, declaró.

Una de las cosas que las familias de los militares presos le imputan al presidente es que este “no cumplió su compromiso de solucionar algo la situación de los detenidos” dijo la hija de Hugo Galaz, advirtiendo que “las lealtades se pagan”.

Para Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), el cierre del penal Cordillera fue una sorpresa.

“Valoramos esta resolución. No la esperábamos porque en su gabinete hay muchos cómplices civiles pasivos, como los nombró muy bien él, o algunos activos, pero nuestra experiencia nos ha enseñado a ser desconfiadas de las promesas. Es claro decir que para nosotros, aunque sean trasladados a Punta Peuco, son cárceles que discriminan con la población penal de las cárceles de Chile”, manifestó.

Más allá de la decisión de traslado, lo que las agrupaciones exigen es acabar definitivamente con los beneficios a los victimarios de la dictadura.