Ex director del INE reduce a un juicio de valor las críticas por el Censo 2012

“Como un asesinato de imagen” catalogó el ex director de Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, las imputaciones sobre falsificación de datos del censo. Ante la comisión parlamentaria que indaga las irregularidades de este proceso, Labbé dijo que los datos de las personas no censadas, que son al menos 800 mil, fueron validados con la información de hogares que sí pudieron ser encuestados, entre otras metodologías que, según él, están respaldadas por la literatura especializada.

“Como un asesinato de imagen” catalogó el ex director de Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, las imputaciones sobre falsificación de datos del censo. Ante la comisión parlamentaria que indaga las irregularidades de este proceso, Labbé dijo que los datos de las personas no censadas, que son al menos 800 mil, fueron validados con la información de hogares que sí pudieron ser encuestados, entre otras metodologías que, según él, están respaldadas por la literatura especializada.

El ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, compareció este lunes ante la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga las irregularidades y errores técnicos en el censo.

Labbé rechazó las acusaciones en torno a su gestión en la confección del Censo 2012, referidas a manipulación de cifras, falsificación de documento público, y sabotaje informático, mediante los cuales se lo responsabiliza la adulteración y duplicación de datos para hacer parecer que sí se había censado a todos los hogares de Chile.

Labbé dijo que todo lo que ha salido ha sido un asesinato a su persona  e imagen: “Las acusaciones que se me han hecho y que han afectado no sólo mi credibilidad, sino que han afectado mi imagen, de hecho he considerado que todo lo que ha salido, ha sido prácticamente un asesinato público de mi persona, asesinato que considero muy injusto, porque es verdad, creo que todo los que hemos hecho y todas las personas que han participado en el Censo lo han hecho de una forma tremendamente responsable”.

Respecto de la acusación de uso malicioso de instrumento público, por la supuesta “duplicación” de 800 mil personas, el ex director del INE aseguró que eso no es efectivo sino que corresponde a un método descrito en un manual de las Naciones Unidas, donde se tipifica la “imputación por donación” y que corresponde a que “las viviendas faltantes, que no pudieron ser censadas, se imputan tomando datos de viviendas del mismo lugar y de la misma área”, precisando que este método es “totalmente aceptable” en otros países del mundo.

Francisco Labbé dijo que el informe técnico externo que resolvió que el censo estaba mal hecho y que en consecuencia debía realizarse otro, “está hecho por personas sin experiencia ni aptitud, y por lo mismo adolece de errores básicos”.

En este sentido, Francisco Labbé explicó que “el error metodológico básico es que para descartar el Censo y estimar omisiones comunales, lo que hizo la comisión fue tomar seis indicadores, ordena estos indicadores de acuerdo a su criterio en términos de mayor o menor posibilidad de ocurrencia de omisión a nivel comunal ¿Dónde está el error metodológico? Cuando se hace un ordenamiento de ese tipo tiene que tener un punto de comparación, se pueden encontrar diferencias importantes, pero son suficientes para descalificar un Censo y para eso necesita un punto de comparación con otro Censo, eso no lo tenía, entonces todo termina en sólo un juicio de valor”.

El presidente de la comisión parlamentaria que estudia las irregularidades del censo, el diputado demócrata cristiano Juan Carlos Latorre, tuvo que ordenar en varias ocasiones la exposición de Francisco Labbé, quien se mostró alterado al enfrentar las preguntas. El diputado Latorre se refirió a la relevancia de esta investigación.

Por esto, el parlamentario de la DC indicó que “el papel del INE en el país es tan importante y eso es lo que la gente tiene que tener claro, no es un temas que nosotros hayamos inventado para generar una discusión, este es un tema que surgió desde el propio Gobierno, desde las propias personas que estaban a cargo de este proceso, que saltó públicamente. Cuánto de ello estaba en conocimiento o no del Gobierno, cuánto estaba en conocimiento de personas que debieron haber intervenido o haber denunciado esto a tiempo, es parte de nuestra investigación”.

Importa decir que el cuestionado censo tuvo un costo de 160 mil 700 millones de pesos.

La comisión investigadora de estas irregularidades debe entregar sus conclusiones a más tardar la última semana de octubre.





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