El 16 de Octubre de 1998, agentes de Scotland Yard detuvieron en Londres al entonces  senador vitalicio Augusto Pinochet en el London Clinic por orden del juez Nicholas Evans, a su vez, por petición del juez español Baltazar Garzón, quien buscaba  extraditarlo a España para procesarlo por el homicidio de ciudadanos de esa nacionalidad durante la dictadura militar.

Esta detención generó la furiosa reacción de la UDI y Renovación Nacional, cuyos principales dirigentes llamaron a boicotear productos ingleses y protestaron por meses frente a la Embajada del Reino Unido, incluso uno de ellos (Iván Moreira), se declaró en huelga de hambre.

El Ejército también mostró su profunda molestia y el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle decidió hacer todas las gestiones diplomáticas para que Pinochet retornara al país. Incluso el mandatario citó a reunión del Consejo Nacional de Seguridad y, el 16 de diciembre de ese año, retiró a su embajador de Inglaterra, Mario Artaza. Además, el entonces canciller, José Miguel Insulza, declaró que el viaje de Pinochet a Inglaterra fue en calidad de embajador plenipotenciario, para cumplir una misión especial de parte del Gobierno chileno.

Las presiones del Ejecutivo finalmente lograron que el 2 de Marzo de 2000  el Ministro de Interior Jack Straw decidiera no extraditar a Pinochet a España y no dar lugar a las solicitudes de Suiza, Bélgica y Francia, disponiendo la libertad del senador vitalicio, Ese mismo día Pinochet viaja a Chile, al cumplir 503 días detenido en Londres.

Para Lorena Pizarro, esta detención fue un hecho fundamental para la historia de nuestro país, abriendo  la posibilidad de que el ex dictador fuera condenado por crímenes de lesa humanidad, pero lamentablemente el Gobierno de Frei Ruiz Tagle le permitió volver a Chile, donde murió en la impunidad.

“Deben responder aquellos que aceptaron esta lógica de la impunidad, de buscar cualquier subterfugio que le permitiera volver al país, cuando incluso el gobierno de turno, de Eduardo Frei, sabía que Augusto Pinochet no estaba enfermo y que lo que estaba haciéndose era garantizar la impunidad a los violadores de derechos humanos y fue parte de la justicia en la medida de lo posible, la política de los consensos donde se argumentó, entre otras cosas, razones humanitarias o el principio de territorialidad para traer de vuelta al dictador”, acusó.

Esta crítica no fue compartida por el ex canciller chileno, Juan Gabriel Valdez, quien aseguró a Radio Universidad de Chile, que la actuación del Estado Chileno fue correcta, puesto que no había  ninguna alternativa buena, siendo el retorno del dictador a enfrentar la justicia chilena el panorama menos malo para la transición democrática.

“Yo sigo pensando que el arresto de Pinochet en Londres fue una gran idea, que le hizo muy bien al país. Y su devolución a Chile también fue muy positiva para el país, para la transición y para que la justicia chilena ejerciera sus obligaciones. Yo hubiera querido que el proceso hubiese terminado con la declaración de reo y el encarcelamiento, pero no creo que haya nadie hoy día que considere que no importante la tarea desarrollada por el Juez Guzmán y los demás jueces que desarrollaron el proceso entonces”, afirmó.

Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional para temas de justicia internacional, no comparte ese juicio y comentó a nuestra emisora que  la detención en Londres de Pinochet constituyó una verdadera revolución en el derecho penal internacional, dejando en claro que la extraterritorialidad de la persecución de  crímenes de lesa humanidad, es un principio intransable.

“Si tú lees la convención sobre la tortura o sobre desaparición forzada de personas, fue la base sobre la cual el Juez Garzón pidió en su entonces la detención de Augusto Pinochet. Y claramente consagra en su texto la jurisdicción universal y, en ciertos casos, como una obligación, no como una mera facultad, para los Estados”, explicó.

A juicio del jurista, los problemas de salud de Pinochet fueron un estratagema, para librarlo de ser condenado en el exterior, pero  el precedente implicó más de una docena de juicios en los que se aplicó la extraterritorialidad.