Una reunión de cerca de una hora entre el ministro del Interior, Andrés Chadwick y la candidata presidencial del oficialismo, Evelyn Matthei, sirvió para confirmar que el Ejecutivo, por medio de esa cartera, estudia implementar un observatorio judicial antes de finalizar su periodo, junto a la escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

La iniciativa busca que la ciudadanía tenga acceso a los principales fallos de los jueces en cada tema trascendental para conocer su “historial”.

El observatorio judicial, según Evelyn Matthei, busca subsanar un supuesto criterio garantista de los magistrados, en especial cuando se trata de delitos contra el orden público o contra Carabineros.

Luego del encuentro con Chadwick, la candidata de la Alianza aseveró que en los últimos tres años se han detenido a cerca de 10 mil encapuchados y ninguno está preso.

Para Hugo Dolmestch, vocero de la Corte Suprema, esta propuesta es una abierta intromisión de un poder del Estado sobre otro: “No es procedente en este sistema. Siempre nos ha preocupado la intromisión y estaremos dispuestos a defender la independencia, porque es nuestra fortaleza”.

El juez de garantía Eduardo Gallardo, vocero de la Asociación Metropolitana de Magistrados, dijo que la propuesta parte de una premisa falsa, que es ligar los fallos de tribunales con las políticas de seguridad pública. “La inspiración parte de la premisa de que los jueces tendríamos un rol relevante en materia de seguridad pública. Los jueces no estamos en esta lucha, somos terceros imparciales. Pero el Gobierno no es imparcial, incluso es interviniente. Es como si el presidente de Azul Azul quisiera monitorear la conducta de los árbitros durante los partidos de la Universidad de Chile”.

Para el diputado DC Matías Walker, la iniciativa tiene un espíritu autoritario: “No solamente puede tener implicancia en temas propios del proceso penal, de seguridad ciudadana, o personas que están siendo formalizadas. Puede prestarse para que el gobierno de turno tome represalia contra actos de corrupción del propio gobierno”.

La vocera del Ejecutivo, Cecilia Pérez, defendió la iniciativa, así como la decisión de implementarla con una universidad privada sin que medie una licitación. “Cuando hay que abordar un plan piloto, establecer una metodología y estudiar experiencias comparadas para buscar el mejor diseño que permita establecer las líneas de una política pública, se prefiere hacer a través de un trato directo con una universidad de gran prestigio en el país”, argumentó.

El Comité Político en La Moneda dedicó gran parte de su reunión a analizar la mejor forma de implementar este observatorio judicial, asegurando que no se trata de intervencionismo y solo se busca la mayor transparencia.